La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia confirmó que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, seguirá privado de la libertad, en el marco del proceso en su contra por presunto contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
La medida la consignaron los magistrados Jorge Emilio Caldas, Blanca Nélida Barreto y Ariel Augusto Torres en el auto 00060-2021, de radicado 00403, en el cual se rechazó una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento domiciliario, presentada por la defensa del mandatario departamental, en la que argumentó que en esta etapa de juicio no era necesaria la privación de libertad.
Entre los antecedentes expuestos en el documento donde se confirmó la decisión, los magistrados plantearon que, según la resolución de acusación, se investigó la posible incursión de Gaviria Correa en actos de corrupción relacionados con el contrato de infraestructura para el mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, entre La Cruzada-Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.
Por este proceso, el político antioqueño fue recapturado por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en su despacho en la Gobernación de Antioquia el pasado 3 de marzo, según informó el ente investigador, después de valorar el recaudo probatorio en su contra.
Según expuso la Corte en el nuevo pronunciamiento, Gaviria Correa era el ordenador del gasto de Antioquia (como gobernador entre 2004 y 2007) y delegó en la Secretaría de Infraestructura Física para la integración y desarrollo la celebración de dicho contrato, pactado inicialmente en más de $41.663 millones con dos adiciones: una superior a $3.000 millones y otra de más de $16.000 millones.
“La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25 % del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29 %. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa”, resaltó la Fiscalía en marzo pasado tras recapturar al gobernador.
En detalle se expuso que hay indicios de posibles anomalías en el trámite y celebración del “contrato adicional N° 1” (el 8 de noviembre de 2007), por valor de $3.995 millones, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas, considerando que las verificaciones evidenciaron que dicha adición no contaba con soportes técnicos.
Además, la Fiscalía expuso en la acusación que dentro del expediente existen elementos que permiten establecer que el otrosí 2, cuyo valor superó los $16.000 millones, contempló una obra que, según el ente investigador, no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, “por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva”.
En el marco de la Ley 600 de 2000 el fiscal delegado ante la Corte acusó a Gaviria Correa en marzo pasado como presunto coautor de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, dentro de ese proceso de contratación de la obra vial.
Dentro de su decisión de negar la libertad del gobernador, la Corte señaló que “no encuentra procedente la revocatoria de la medida de aseguramiento solicitada al no existir prueba que permita inferir que han desaparecido los presupuestos fácticos o jurídicos tomados en consideración para imponer la medida de detención preventiva ejecutada domiciliariamente”.
Además, se aclaró que contra la decisión tomada proceden los recursos de reposición y apelación de los que pueden hacer uso Gaviria Correa y su defensa.
La próxima semana, según conoció EL COLOMBIANO, vence el término para pedir nulidades y pruebas, dentro del juicio que se adelanta contra el mandatario.
