Un halo de presuntas irregularidades rodea la ejecución del contrato para construir la primera etapa del Parque de Artes y Oficios (PAO) de Bello, suscrito en 2022 entre la Empresa para el Desarrollo Urbano y Rural de Bello (Edunorte) y la firma IDC Inversiones SAS, la misma que en ese entonces tenía como representante legal a Juan Diego de Jesús Moreno Barón, imputado esta semana por peculado por apropiación en el sonado caso de Aguas Vivas, junto al exalcalde de Medellín Daniel Quintero y una decena de sus exfuncionarios.
Hace un año se esperaba la entrega de la obra, como lo prometió Juan David Palacio, entonces director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), entidad con la que la Alcaldía de Bello firmó un convenio interadministrativo en 2022, para financiar el valor inicial del proyecto —$80.243 millones, incluidos más de $3.000 millones de interventoría—. La primera aportó $60.000 millones y la segunda, el resto, según documentos de la plataforma Secop.
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Este proyecto busca recuperar los antiguos Talleres del Ferrocarril con la intervención 8.599 metros cuadrados donde se espera tener un teatro con aforo para 641 personas, salas digitales, bibliotecas, escuela de música, un centro de gestión documental del patrimonio y de las artes escénicas, y un centro de desarrollo e innovación. Para ejecutar las obras Edunorte hizo una invitación abierta tras la cual fue seleccionado IDC como contratista, mientras que la interventoría quedó en manos del Consorcio Edunorte 2022.
Retrasos y deudas
Con IDC, uno de los dos oferentes que enviaron propuestas, se firmó el contrato de obra 076-IA-2022, el 11 de octubre de 2022, con un plazo de 14 meses sin superar el 30 de diciembre de 2023. Pero, lejos de cumplirse ese tiempo, el contrato acumula siete prórrogas —la última hasta el 16 de junio de 2025— que suman 17 meses más al plazo inicial, y se ha desarrollado entre denuncias que ponen en tela de juicio el manejo de los recursos y la ejecución misma del contrato.
El concejal de Bello, Víctor Gálvez, del partido Centro Democrático, empezó a jalar la pita de este tema luego de que alrededor de 50 exempleados de IDC, despedidos de forma masiva en diciembre pasado, le informaran sobre retrasos en los salarios por los trabajos en el PAO y deudas de quincenas y prestaciones sociales tras la terminación de los contratos laborales. Después, el concejal detectó presuntas irregularidades en el contrato al analizar documentos aportados por Edunorte en respuesta a sus solicitudes.
Una de las presuntas inconsistencias es que los recursos desembolsados no se evidenciarían en su totalidad en los avances reales de la construcción. Para septiembre de 2024 se habían pagado a IDC casi $55.347 millones de los $76.475 millones del valor total del contrato de obra, es decir que a esa fecha había aún unos $22.000 millones, según el informe de supervisión del 1 al 30 de enero de 2025. Y aunque en los documentos consta un avance físico de casi el 77%, hay alertas sobre importantes retrasos que podrían constituir incumplimientos y que derivaron incluso en la solicitud de suspensión del contrato de interventoría.
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Para el 21 de noviembre de 2024, el entonces secretario de Obras Públicas de Bello, Estefan Valencia, envió una carta a Edunorte en la que aducía un posible incumplimiento de actividades y atrasos en la ejecución que se habían expuesto en los comités de obra. Según el funcionario, se había solicitado varias veces a la supervisión de Edunorte y al consorcio encargado de la interventoría explicar cuáles frentes faltaban, pese a que deberían estar activos.
En ese momento faltaba una semana para cumplirse el plazo del contrato, el 30 de noviembre de 2024, pero, llegada esa fecha, se hizo otra prórroga hasta el 15 de diciembre, día en el cual se dieron seis meses más de plazo, de los cuales ya han pasado casi cuatro. En medio de los retrasos una de las mayores preocupaciones está relacionada con ítems que se han pagado y no estuvieron a tiempo instalados o ejecutados por completo.
Ejemplo de ello son sillas para teatro, la cubierta acústica, la instalación del ascensor, el sistema de gradería retráctil y el sistema que incluye mecanismos mecánicos para que los artistas puedan subir y bajar en el escenario. Son alrededor de $11.400 millones que se habrían desembolsado para elementos que no están instalados en su totalidad, tal cual quedó en evidencia en fotografías tomadas el pasado 31 de marzo, es decir, hace 11 días, y aportadas por una persona cercana a la obra.
En el mencionado informe de supervisión de enero pasado consta que el contratista dio cuenta de las causas de estos retrasos, como que para ese momento estaban en procesos de nacionalización en aduana y se informó que se habían estado adelantando los pendientes. Aún así, para el concejal, la evidencia física actual de la obra requiere una mirada profunda porque no parecen significar grandes avances y está por terminarse la prórroga vigente.
“Prestaban material para otras obras”: extrabajadores
Estos retrasos se dieron en un sombrío ambiente laboral marcado por retrasos en el pago de salarios. Exempleados le contaron a EL COLOMBIANO que cuando se cansaron de la situación, optaron por ir a la obra, pero no cumplían funciones. “El 23 de diciembre nos dijeron ‘mañana no hay qué venir’, y el 24 nos mandaron las cartas de despido sin firmar. Nos deben la quincena del 30 noviembre, del 15 de diciembre hasta el 23, la prima, la liquidación y las vacaciones que no sacaron los que llevaban el año”, afirmó una fuente que pidió reserva, y que dijo que esto los ha perjudicado mucho porque quedaron desempleados, pasaron una Navidad sin dinero y a muchos les han pedido las casas porque no pagan los arriendos.
Este medio conoció la carta de despido, en la que IDC indicó que la empresa vivía una difícil situación económica por la disminución de ingresos, debido a la baja demanda de proyectos de infraestructura, lo que hacía “inviable mantener el nivel actual de operación y, por consiguiente, la totalidad de la nómina”.
Otro asunto que piden que sea objeto de investigación de los organismos de control son presuntas inconsistencias en el manejo de materiales. “Pedían material y llegaba muy escaso, o pedían cantidades muy exageradas para complementar las otras obras que manejaban, por ejemplo, la Plaza de Mercado, la Biblioteca España o el Hospital Mental. Llegaba el material a la obra del PAO, y decían ‘necesitamos 100 bultos de cemento prestados para la plaza, pero a la hora de pedirlos no nos devolvían”, dijo un extrabajador. Contó que esta situación se presentó con coches, insumos de luz, tuberías de sanitarios y de PVC y hasta obreros.
También en el informe de supervisión de enero pasado consta que el contratista no presentó el informe ni los anexos de avances para ese mes: “Se indaga con la interventoría el porqué (...) y la respuesta es que no hay contratistas desde el 27 de diciembre de 2024”. En el documento se establece además que faltan los pagos de las quincenas mencionadas por el exempleado.
Para los primeros meses de este año la cosa no mejoró. El 26 de febrero, se reunieron Iván Mauricio Vélez, representante legal de Consorcio Edunorte 2022, y José Luis Ariza, supervisor, para suspender temporalmente el contrato de interventoría. Días antes, Vélez solicitó la terminación anticipada de dicho contrato por retrasos en pagos y porque el contrato se extendió más del doble de lo estipulado. Según actas, las prórrogas de obra con IDC implicaron adiciones presupuestales por $2.400 millones para la interventoría.
El mismo 26 de febrero se reunieron Vélez y Luis Felipe Agudelo, en calidad de representante legal de IDC, para suspender el contrato de obra de forma temporal, hasta el 17 de marzo, puesto que su ejecución no podía quedar sin vigilancia. Agudelo, como lo publicó este medio en 2021, es un hombre cercano a Luis Pérez, su socio y colaborador en campañas políticas, y ha obtenido millonarios contratos en el paso del político por la Alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquia.
De hecho, Pérez fue propietario del lote Aguas Vivas hasta 2016 y pocos meses después de asumir como gobernador se lo cedió en calidad de permuta a Agudelo, a través de IDC Inversiones, implicada en el presunto entramado de corrupción con el predio. Lo cierto es que aunque en el acta de suspensión temporal del contrato del Parque de Artes y Oficios en Bello estuvo Agudelo en calidad de representante legal, el que ostentaba ese cargo en el caso concreto de Aguas Vivas era Juan Diego de Jesús Moreno Barón, quien está hoy respondiendo ante la justicia.
Ahora, los extrabajadores despedidos dicen que no tienen razón de IDC para que les paguen, mientras que el concejal Gálvez alerta por la ejecución total del contrato del PAO, teniendo en cuenta además que se ha dicho que faltan otros $30.000 millones para terminar el proyecto. “¿Cómo están solicitando una adición si todavía no han ejecutado $22.000 millones?”, se pregunta el corporado.
Este medio intentó comunicarse con los teléfonos de IDC que aparecen públicos, pero no fue posible pues parecían fuera de servicio. Asimismo, consultó a la Alcaldía de Bello sobre su conocimiento del tema, pero al cierre de esta edición no fue posible contar con una respuesta. Las páginas están abiertas para cuando esta se reciba.
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