Hasta Medellín fueron a parar varios chalecos antibalas que pertenecían al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y que terminaron por proteger la vida de los presuntos delincuentes del robo a la empresa fundidora de oro en El Poblado.
Fue la misma empresa fabricante de la indumentaria la que denunció que sus productos estaban siendo utilizados para otras actividades, y que no era la primera vez.
Se trata de la empresa con sede en Bogotá, Miguel Caballero SAS, que se dedica a producir y comercializar elementos de protección personal.
El presidente ejecutivo, Miguel Caballero, le contó a EL COLOMBIANO, que estos chalecos recuperados por la Policía Metropolitana tienen su marca y etiquetas adulteradas, pero que conservan el serial que permite rastrear a sus dueños. En este caso, el 141678.
Gracias a este número, que hace parte de su estrategia de control, lograron identificar que estos elementos fueron vendidos, en agosto de 2012, al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá.
La pregunta es: ¿cómo estos chalecos, comprados con dinero público, terminaron en el hurto de El Poblado?
En Twitter, el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, aclaró que el Fondo del que salieron los chalecos fue liquidado en 2016, pero que aún así activaron ya las investigaciones respectivas.
No es la primera vez
Caballero agregó que la preocupación viene desde septiembre, cuando se enteraron de que una periodista afiliada a una organización portaba uno de sus chalecos.
Al entrar en contacto con dicha organización, confirmaron que se trataba del mismo lote de 2012 vendido originalmente a la Administración de la capital y que fue comercializado por un tercero: un almacén de indumentaria militar en Bogotá.
Desde entonces, septiembre 9, Caballero con su empresa han hecho denuncias públicas y a las autoridades.
“Esos chalecos están vencidos, usados y son de la Policía. La sorpresa fue cuando vimos en los medios de comunicación las fotos de los chalecos incautados en Medellín y los reconocimos”.
Él solicitó los seriales de la incautación y confirmó que eran del mismo lote, cada uno con un tiempo de vida útil de cinco años. “Pasado ese tiempo, se retiran del servicio y se destruyen. Normalmente los rompemos en presencia de las entidades del Estado que nos los compran, pero con estos no sabemos qué pasó, porque no nos llamaron”.
Dice que son muchas las preguntas y que las debe responder tanto la entidad del Estado como el almacén militar que, aún sabiendo que estaban vendidos y usados, los venden sin permiso.
Caballero solicita que, si alguien tiene información sobre la falsificación y comercialización de estos elementos, que se comuniquen para evitar que grupos y personas al margen de la ley los adquieran.
