En el patio de lo que fue el hotel Punchiná, la casita del terror –como le dicen en San Carlos–, la luz se filtra por la maloca y resalta los colores de los murales y de las flores de un jardín que crece donde hallaron los restos de Leidy Johana. La joven de 15 años fue arrastrada hasta allí, en 2002, por los paramilitares y su rastro se esfumó hasta que el valor de las mujeres y los hombres que retornaron al municipio hizo posible encontrarla y darle un descanso en paz en 2008.
En ese lugar infame que los “paras” usaron como centro de operaciones, tortura y asesinato existe el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y Reparación –Care–, lugar que recupera, con el esfuerzo de cientos de manos y voces, la memoria colectiva del pueblo y sus hijos arrebatados por la guerra.
Hoy el Care integra la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria y es sede de organizaciones campesinas claves para el futuro de San Carlos. Personas de todo el país y del exterior llegan a conocer una verdad que ahí tejen entre retazos.
Por eso, la solicitud de desalojar el lugar, que hizo el pasado 18 de enero la Sociedad de Activos Especiales –SAE– dejó en shock a Pastora Mira, víctima y lideresa social del municipio, y a todos quienes dan vida al lugar. Pese a esto, la insólita medida de la SAE despertó un aluvión de solidaridad que en cuestión de horas les devolvió la fuerza.
“Ante el desamparo que sentimos lo único que se nos ocurrió fue compartir esta desazón. En cuestión de minutos personas de todo el país nos ofrecieron su apoyo. Sentimos su compañía y el rechazo a lo que muchos llamaron un ‘memoricidio’. De los Montes de María nos dijeron que si había que hacer rifas se hacían, pero que no podían permitir que Colombia perdiera este lugar de memoria”, cuenta Pastora.
Para ella, la solidaridad que recibieron ejerció presión sobre la SAE. En un comunicado a la opinión pública, emitido el pasado jueves, la entidad defendió la solicitud de desalojo y aseguró que “tiene la obligación legal de propender por la productividad de los bienes inmersos en extinción de dominio, toda vez que son generadores de recursos y empleo para el país”.
Pastora sostiene que este y otros cinco puntos que constan en el comunicado son desmontables fácilmente con pruebas. Y es que en el Care no solo se teje memoria, sino también decenas de proyectos.
Dora Nelly Bedoya, representante de la Asociación de Piscicultores de San Carlos, cree que es una torpeza asegurar que el desalojo buscaba garantizar la productividad de un lugar que precisamente es el eje de organizaciones productivas como la que ella representa, que reúne a campesinos de 33 veredas que, justo allí, han coordinado proyectos con MinAgricultura y la Gobernación que hoy brindan empleo a decenas de familias.
“El 98% de los piscicultores son desplazados que apostaron por regresar. La memoria de ellos y su futuro está aquí”, dice.
El lugar también es sede de la Asociación de Víctimas de Minas, que acoge a 32 familias, y de la Corporación Nativos, a través de la cual varios jóvenes trabajan por la defensa del medio ambiente. “Desde una oficina en Bogotá dicen que este lugar no es productivo, con profundo desconocimiento, porque productividad no es solo plata; aquí se produce cultura”, anota Juan Pablo Benavidez, integrante de Nativos.
Juan David Ospina, miembro del Consejo de Paz de San Carlos, opina que de la intención de desalojo solo es posible hacer dos lecturas: que el Gobierno adelanta un desmonte escalonado de la política pública de víctimas y su derecho a la reparación o que las instituciones del Estado van cada cual por su lado. Esto lo dice porque mientras que la sentencia Bloque Héroes de Granada de Justicia y Paz ordena que en la reparación integral deben estar incorporadas la memoria, la satisfacción y la garantía de no repetición, una entidad como la SAE los condiciona con un desalojo.
Además, hoy más que nunca, –advierte Ospina– este sitio es importante para garantizar la no repetición, justo cuando San Carlos vive una tensión social por intereses megamineros.
Ayer, mientras Dora y Pastora hablaban en la maloca de cómo las almas desaparecidas en el Punchiná les dan señales y las acompañan, les llegó el anuncio de cancelación del desalojo por parte de la SAE. “Es como si la soga que estaba lista para ahogarnos aflojara un poquito, pero no vamos a bajar la guardia”, dice Pastora.
El lunes habrá una reunión entre la SAE y la autoridad municipal. Por otro lado, los líderes del Care preparan una acción de tutela. Buscarán, además, hacer cumplir la directriz 024, emitida en noviembre pasado y que ordena a alcaldes y gobernadores proteger lugares que hicieron parte del conflicto y donde se perpetró desaparición forzada. Es una pelea jurídica larga, pero que asumirán como un acto en honor a sus seres amados.
Si el jueves hubo llanto en el Care, ayer hubo sonrisas y abrazos. Pastora prendió la fuente donde terminan los recorridos que hacen los visitantes del lugar y cuya agua muchas veces lleva consigo para conjurar sus males. Aunque haya quien le quiera poner tapias a la memoria, en San Carlos aseguran que las almas que allí habitan les hicieron una señal para que continúen, y que eso es suficiente para hacerlo
