Cansados de pedir durante una semana que escucharan sus reclamos, las comunidades en el municipio de Toledo decidieron en la noche del pasado viernes 7 de octubre bloquear completamente el paso del tramo que conecta a esa localidad con el sector Matanza, un trayecto clave para conectar a los territorios del Norte, y una vía —hoy en estado lamentable— que EPM ha empleado durante años para la construcción de Hidroituango.
El sábado en la mañana reinó el caos. Con el cierre se cortó el acceso a los túneles que van a la casa de máquinas de la central Hidroituango, por lo que en el cambio de turno del sábado no se pudo relevar al personal que labora en la megaobra y 300 trabajadores se quedaron manicruzados en la vía sin saber qué hacer. Mientras tanto, decenas de obreros que habían terminado turno y necesitaban llegar a descansar al campamento arriesgaron sus vidas cruzando el brioso río San Andrés.
Las comunidades plantearon en un pliego de condiciones ocho puntos que radicaron el 4 de octubre ante gobernación de Antioquia y la junta directiva de EPM pidiendo el cumplimiento de acuerdos previamente pactados con las comunidades, y que según Luis Fernando Muñoz Luján, vocero de la comunidad de Toledo, EPM ha incumplido.
El sábado en la mañana apareció en la protesta el exsecretario de Inclusión de la Alcaldía de Medellín, Juan Pablo Ramírez, pero según Muñoz la comunidad rechazó su presencia y se negó a negociar con él. “Solo quería tomarse la foto”, dijo el vocero sobre Ramírez, y lo que los manifestantes esperaban era negociar con alguien con poder de decisión y ese no era el asesor de Quintero.
Así que le tocó viajar al gerente Jorge Carrillo, quien se sentó a negociar con la comunidad en la noche del sábado y ayer anunciaron los acuerdos sobre los ocho puntos planteados.
Primero, la empresa se comprometió a entregar los diseños para la intervención y estabilización de cuatro puntos de la vía Toledo -Matanza, y la Gobernación de Antioquia atenderá otros dos puntos críticos. En el mediano plazo, EPM acordó que realizará mantenimiento de la vía, mediante la contratación social con las Juntas de Acción Comunal de Miraflores y Barrancas, por $452 millones.
EPM también se comprometió a realizar los diseños para los acueductos de las veredas Barrancas, Brugo, Cascarela y Miraflores y la bocatoma del Valle de Toledo. El tiempo para la entrega de esos diseños será de seis meses.
En otro punto, en el que las comunidades denunciaban apropiación de tierras de comunidades por parte de la empresa, EPM aclaró que los predios adquiridos para el proyecto Ituango “han sido comprados por los medios establecidos en la legislación civil, pagado todos los derechos a los propietarios y poseedores, en este caso especial se realizará una reunión para revisar en detalle los linderos, entre los predios adquiridos para el proyecto Ituango y los predios de la comunidad, ubicados en las veredas citadas”.
En otro punto del pliego de peticiones en el que la comunidad le solicitaba hacer inversiones sociales, específicamente en materia de salud, la empresa respondió que no “puede hacer inversiones en infraestructura en salud, porque es competencia directa del Estado”. Pero señaló que se “compromete a apoyar la gestión para la búsqueda de recursos económicos con otras entidades y, en el marco del Plan de Manejo Ambiental, se realizará un convenio con el hospital para atender necesidades de consumo de sustancias psicoactivas, embarazo adolescente, entre otros.
En el penúltimo punto, el séptimo, que advertía sobre los estragos de Hidroitungo causados a los ecosistemas de la región, EPM aseguró “que inició por un período de 10 años la reforestación de la franja del embalse y la restauración de 24 mil hectáreas” y además informó “sobre la unión realizada con Corantioquia para generar un distrito integrado que permita la preservación de estas tierras y la gestión que se adelanta con la Organización Pantera y Conservación Internacional para sumar en este propósito”.
El último punto le exigía resolver y buscar mecanismos de financiamiento mediante acuerdos interinstitucionales, la Nación, la Gobernación de Antioquia, EPM y los municipios directamente impactados, con el fin de pavimentar la vía Toledo - San José de la Montaña. Frente a lo cual la empresa dijo que buscará mecanismos conjuntos de financiamiento, en el marco de la mesa de seguimiento.
El secretario de Infraestructura, Santiago Sierra, anunció ayer el envío de maquinaria amarilla para atender la vía Toledo - San José y Toledo - Matanzas (punto crítico del km 6+620), gracias a un convenio por $230 millones.
Tras llegar a un acuerdo a punta de diálogo, sin que la fuerza pública tuviera que intervenir en absoluto, los buses con los trabajadores de Hidroituango pudieron seguir su paso antes de la medianoche del domingo para normalizar el trabajo en la megaobra.
