Luego de que la Contraloría General de la República respondiera negativamente al gobernador Luis Pérez en cuanto a la solicitud de asumir el control fiscal en Antioquia, la Auditoría General de la Nación le pidió a la entidad reconsiderar la decisión.
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El titular del organismo de vigilancia, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, rechazó los presuntos actos de corrupción que se habrían cometido en la Contraloría Departamental de Antioquia, que fueron evidenciados por la Fiscalía, y que tienen en medio de un proceso judicial a Sergio Zuluaga, el contralor capturado.
Por este motivo, Rodríguez Becerra pidió a la Contraloría General de la República que “reconsidere la posibilidad de asumir el control excepcional sobre las actuaciones adelantas por esta contraloría departamental”.
La respuesta de la entidad al gobernador Luis Pérez fue negativa debido a que, según explicaron, al asumir el control fiscal de Antioquia y todas las actuaciones que desde 2016 venían adelantándose en 18 municipios, se saldrían de sus competencias y no respetarían la presunción de legalidad de las actuaciones públicas, de las que solo pueden pronunciarse los jueces.
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Esto, toda vez que la Contraloría General de la República no funciona como una entidad superior a las territoriales, y por ende estas no se configuran como seccionales y son autónomas.
A la vez que hacía la solicitud que fue rechazada, el gobernador Pérez expresó: “espero se descubra la verdad sobre los hechos tan bochornosos que han aparecido en Antioquia”.
En consideración de la Auditoría General de la República, la Contraloría (nacional) sí podría ejercer ese control preferente a la luz de la ley y la Constitución colombiana.
