La jueza 39 municipal dará a conocer, este lunes 20 de febrero, desde las 2:30 p.m., su decisión sobre si impone medida de aseguramiento de casa por cárcel contra la exdirectora de Buen Comienzo, Lina Gil, la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, y el hoy exrepresentante legal de Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez, por presuntas irregularidades en dos contratos de Buen Comienzo y entrega de paquetes alimentarios a escolares. La jueza analizará todo el material presentado por la fiscal y por la defensa de los tres imputados.
En el tercer día de audiencia de medida de aseguramiento, este viernes 17 de febrero, Mildred Hartmann, abogada de Lina Gil, exdirectora de Buen Comienzo, terminó su intervención ratificando que la medida de aseguramiento de casa por cárcel contra su defendida no es idónea para este caso, porque no cumple con requisitos indispensables como la urgencia de ser impuesto y porque, en su consideración, no hay riesgos de reiteración de las presuntas conductas cometidas ni de obstrucción a la justicia.
Dicha solicitud, hecha por la fiscal 49, fue por lo delitos imputados de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros.
Esto, basado en dos contratos de 2020. El 4600085185, para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo, y el 4600085448 para entregar paquetes alimentarios a población escolar. Ambos fueron suscritos entre la Secretaría de Educación y Colombia Avanza y en los dos se habrían presentado anomalías como una oferta hecha a la medida para el contratista, sobrecostos y hasta duplicidad en el pago que hizo la administración por una misma labor.
La continuidad de la defensa
Entre sus argumentos, Hartmann manifestó que las llamadas interceptadas en las que aparece Gil estaban enfocadas en hablar de temas del proceso contractual, que se dieron en cumplimiento de los deberes que tenía en ese entonces por su cargo.
Asimismo, la abogada enseñó una certificación de la Alcaldía de Medellín, en la que consta que Gil, en su cargo actual dentro de la Secretaría de Inclusión Social, no tiene funciones de estructurar o supervisar contratos ni de manejar recursos públicos, lo que no permitiría que haya reiteración de las conductas que teme la fiscal. Por ello, piddió que no se imponga la medida privativa de la libertad.
El turno después fue para Santiago Trespalacios, representante de la secretaria Agudelo. El abogado centró sus argumentos en cinco puntos: que no hubo sobrecostos en los contratos ni peculado, tampoco riesgo para el patrimonio público ni interés indebido, no faltan requisitos esenciales ni hay riesgo de reiteración.
Trespalacios enfocó su intervención en la situación de pandemia y aislamiento obligatorio que se vivía en el momento de suscripción y ejecución de los contratos, lo que implicó unas condiciones contractuales distintas, como permitir la modalidad directa, el apoyo de personal de otras dependencias a la entrega de paquetes alimentarios y hasta el préstamo de una bodega al contratista para almacenar productos.
También sostuvo que no se pagó dos veces por una misma actividad (logística para entregar paquetes) porque Colombia Avanza cumplió con esta tarea en un contrato, mientras que Plaza Mayor cumplió con actividades relacionadas, pero no duplicadas, en el marco de otro contrato interadministrativo con la Secretaría de Educación.
Por otro lado, el abogado sostuvo que no hay riesgo del patrimonio, porque en el contrato liquidado no hubo sobrecostos, demeritó la labor del investigador de campo para el informe de la Fiscalía porque no habría tenido en cuenta variables claves en el precio de los productos, y dijo que el contrato que aún no se ha liquidado derivará en que el Distrito no le pague al contratista un valor de $1.300 millones, entre el dinero que aún le debe, unos $4.000 millones.
El defensor agregó que tampoco hubo interés indebido porque la pandemia permitía la contratación directa y en esta modalidad se tiene el interés de contratar con alguien específico, porque se tiene la concepción de que es idóneo.
También sostuvo que Agudelo no participó en los estudios previos, puesto que estos fueron firmados por Gil y un abogado experto en esta etapa precontractual. Agregó que la secretaria no participó en las conversaciones interceptadas ni lo hizo alguien de su equipo, y que no hay riesgo de obstrucción a la justicia. Trespalacios solicitará una audiencia de preclusión.
