La furia del invierno volvió a sentirse con fuerza este mes en Murindó. En una escena que ya se volvió parte del paisaje cotidiano en uno de los pueblos más pobres de Antioquia, un fuerte temporal que se desató durante la noche del pasado 18 marzo dejó decenas de viviendas destruidas, animales muertos y cultivos destrozados.
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Como parte de un lío que ya está diagnosticado hasta la saciedad hace más de 30 años, las aguas del río Murindó se salieron de su cauce, volviendo a poner en primer plano la urgencia de que el pueblo se reubique, tal como viene prometiéndose desde 1992.
Aunque desde 2018 hay hasta una ordenanza en la que se insta al Departamento a arrancar con ese proceso de relocalización del pueblo, aún falta un largo trecho para que ese proceso se realice.
La Gobernación de Antioquia anticipó que falta por lo menos un año y medio para que se adelanten unos estudios necesarios para reasentar el pueblo y se gestione una licencia ambiental que quedó pendiente desde el gobierno pasado.
“Una vez se tengan los permisos ambientales, se ajustarán los planes de acción en el corto, mediano y largo plazo para la elaboración de estudios y diseños y posterior construcción de infraestructuras que permitan realizar el traslado de Murindó”, informó la Gobernación, señalando que en dicho proceso, además de ese mismo municipio y varias entidades del departamento, también participa el Gobierno Nacional.
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Un proceso que sigue pendiente
La discusión por la reubicación de Murindó se remonta al 18 de octubre de 1992, cuando un sismo de 7,2 grados con epicentro en los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte sacudió al país, no solo generando hasta la erupción de un volcán de lodo y daños en edificios de Medellín, sino daños severos en Murindó.
Tal como lo registró EL COLOMBIANO en aquel momento, la emergencia arrasó con construcciones como el palacio municipal, la casa de la cultura, una escuela, una placa polideportiva, el hospital San Bartolomé, decenas de casas y hasta el sistema de acueducto.
A raíz del alcance de los daños, y la peligrosa cercanía del casco urbano a la orilla del río Murindó, desde aquel año se concluyó que el traslado del pueblo era algo inevitable.
Meses antes del cambio de gobierno en Antioquia, en mayo de 2023, en la Asamblea se realizó un debate de control político para establecer en qué iba la reubicación del pueblo, en un corte de cuentas en el que el gobierno de ese municipio alertó que por cuenta de los desbordamientos del río muchos habitantes estaban aguantando hambre y no tenían acceso a sus cultivos de pancoger.
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En aquel año, Planeación de Antioquia señaló que el foco de las revisiones que se estaban haciendo entonces consistían en la elección de un terreno para la ubicación del futuro núcleo urbano.
Dichos análisis partían de los resultados de un estudio elaborado por la Universidad Nacional, que había cambiado los planes de reubicar el pueblo en un terreno identificado como Los Playones, este último ya incluido en la ordenanza emitida en 2018.
Sin embargo, la Gobernación y la Alcaldía de Murindó decidieron mantener el traslado en Los Playones, buscando no tener que comenzar desde cero con los estudios técnicos.
En respuesta a un requerimiento de EL COLOMBIANO, la Gobernación precisó que al final del cuatrienio pasado se recibió dicha selección del lote Los Playones ya formalizada a través de una resolución y también una mesa de trabajo creada en la que tenían asiento varias dependencias de la Nación y el Departamento.
No obstante, dentro de las tareas más importantes que quedaron pendientes estuvo un trámite de sustracción de una zona de reserva del lote en el que se reubicará el pueblo, paso necesario para que ese terreno pueda declararse suelo de expansión en Murindó.
Durante el primer año de gobierno, la Gobernación señaló que se adelantaron mesas con el Ministerio de Medio Ambiente para despejar el camino para dicho trámite y también espacios de trabajo con el Concejo de Murindó, para revisar el traslado y ver cómo agilizarlo.
Además de aquel trámite de sustracción, el Departamento advirtió que otro trámite pendiente es el de una licencia ambiental para que pueda construirse una vía de acceso.
“En 2024 y lo que llevamos de 2025 estructuramos los términos de referencia para contratar la consultoría que le permita al Municipio de Murindó a través de la alcaldesa solicitar la sustracción de la reserva forestal del Pacífico de los predios donde se realizará el traslado del pueblo, así como la licencia ambiental para la construcción de la vía de acceso. Una vez se surta este trámite y se obtengan los respectivos permisos y licencias se realizarán los estudios y diseños que permitan la elaboración real de los presupuestos para la construcción de las diferentes infraestructuras: vivienda, espacio público, vías y demás equipamientos”, dijo la Gobernación.
Por ahora, los planes es que dichos trámites puedan surtirse en un horizonte de 18 a 20 meses, momento a partir del cual se empezaría con los estudios y diseños para el nuevo Murindó.
