La actualización de al menos 244.000 predios en cinco municipios será la primera tarea del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) como gestor catastral en la región. Este proceso consiste en determinar cuántos predios hay en una jurisdicción, qué destinación tienen y qué construcciones se han hecho desde el último registro.
El impacto es principalmente económico para los municipios, debido a que buena parte de los recursos propios que se destinan para inversión, funcionamiento y servicio de la deuda provienen de lo que pagan los ciudadanos por impuesto predial, o lo que los comerciantes y empresarios tributan como impuesto de industria y comercio.
Pero la actualización catastral también permite formular mejores planes de ordenamiento territorial, definir dónde y cómo se invertirán los recursos, gestionar los planes de desarrollo de los alcaldes, y facilitar la recaudación y el cobro para los ciudadanos.
Hasta antes de la aprobación de la Ley 1955 de 2019, en Colombia el catastro dependía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Ahora los municipios, de manera individual o a través de provincias o asociaciones, pueden hacerlo, pero deben ser autorizados por esa entidad y ser vigilados por la Superintendencia de Notariado y Registro.
Hasta hoy en Antioquia había tres gestores del catastro: la Subsecretaría de Catastro de Medellín, la Gerencia de Catastro de Antioquia y Masora (Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño). A esta lista se sumará el Amva que, mediante la resolución 675 del 17 de julio de 2020 del Igac, recibió la habilitación para la prestación del servicio de gestión catastral.
Esto le permitirá avanzar con los fines catastrales, con enfoque multipropósito, a saber: el apoyo a los procesos de ordenamiento del territorio, el desarrollo de la infraestructura, la gestión de los recursos ambientales, el análisis de tenencia de la tierra y el fortalecimiento fiscal de los municipios de su jurisdicción, entre otros objetivos.
El director del Área, Juan David Palacio, indicó que la gestión catastral que ofrecerá ahora la entidad pretende hacer mantenimiento permanente de la información física, jurídica y económica de los bienes inmuebles locales.
Así será el arranque
En principio, el Amva ejercerá sus funciones de gestor catastral en Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y Sabaneta.
El subdirector Administrativo y Financiero de la entidad, Álvaro Villada, explicó que como autoridad en ese campo verificarán la base catastral de los municipios para su conservación y actualización. Bajo ese enfoque, añadió, se realizará acompañamiento técnico, tecnológico administrativo y financiero a las oficinas gestores locales.
La nueva función le permitirá a la entidad captar nuevos recursos (el presupuesto para este año es de $350.000 millones. Medellín aporta 80 % de los recursos). “Nosotros invertimos en la implementación del proceso, los municipios generan mayores recursos y la entidad aumenta su recaudo por tasas y aporte de afiliación”, indicó.
Villada estimó que con la actualización de 244.000 predios en el arranque de la nueva función, se presupuesta que en los próximos cuatro años el recaudo impositivo se incremente en 40 %, es decir, entre $120.000 millones y $140.000 millones adicionales.
Proceso en otros municipios
Cabe apuntar que la Ley 1450 de 2011 indica que las autoridades catastrales tienen la obligación de actualizar los registros dentro de períodos máximos de cinco años.
En Envigado, por ejemplo, la actualización catastral no se había realizado desde 2014, hasta el año pasado cuando fue implementada en 5.772 predios de su perímetro rural.
Esto se tradujo en un aumento del predial para algunos sectores este año. Los aumentos afectaron a habitantes tradicionales y por eso la administración municipal anunció en junio que, luego de considerar las dificultades económicas de los habitantes de las veredas Perico, Las Palmas, Santa Catalina, Arenales y El Vallano, se hizo un reajuste (reducción) de las tarifas.
En Medellín está pendiente la actualización de los 1.036.000 predios que tiene la ciudad, tarea administrativa que busca darle cumplimiento a una solicitud que realizó el Igac para 25 municipios.
Cada vigencia Medellín recauda un promedio de $650.000 millones por impuesto predial. La cifra adicional que se aspira recaudar con el incremento del valor catastral de los predios es de $90.000 millones.
El proceso fue suspendido el 26 de diciembre pasado, a solicitud del entonces alcalde electo Daniel Quintero, y quedó para realizarse en 2021 .
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