Después de cinco meses de que el contrato entre Hatovial y la ANI -Agencia Nacional de Infraestructura- para la explotación de los peajes Trapiche y Cabildo haya llegado a su fin el pasado 14 de abril, y que estos le hayan sido entregados al Gobierno Nacional por el concesionario el 1° de agosto, el futuro de las dos casetas es incierto y no se sabe si serán retiradas o si los cobros continuarán.
La potestad de decidir si son movidos de Barbosa más al norte de la vía a la Costa o a la autopista Vías del Nus, o si se cancelan definitivamente, la tiene la ANI, que en el país es el ente encargado de administrar estos puntos de cobro, que sirven para financiar la construcción de las carreteras y su mantenimiento.
Pero en la entidad aún no se toman las decisiones a pesar del clamor de los ciudadanos y los alcaldes del norte del Valle de Aburrá, especialmente de Barbosa, en cuya jurisdicción están ubicados antes del ingreso a la localidad, lo que ha significado un alto impacto en el costo de vida para los ciudadanos y ha implicado un retraso para el desarrollo local, porque ¿quién quiere montar empresa en un municipio para el cual se debe pagar cada que se sale o se entra?
“Es que estos peajes no solo afectan a las empresas. A cada ciudadano, al enfermo que tiene que ir a un hospital a Bello o Medellín, porque acá solo tenemos uno de primer nivel; al joven que tiene un carrito y no puede ir en él a la universidad porque le toca pagar peajes de ida y regreso”, comenta el mandatario de Barbosa, Édgar Augusto Gallego, quien como alcalde ha tomado la bandera de la lucha porque estos peajes se eliminen y, en algunos momentos, ha contado con el apoyo de otros alcaldes de la zona, como los de Girardota, Copacabana y Bello.
En contexto
Entre los argumentos expuestos para que estos peajes no continúen están el hecho de que Barbosa es el único municipio del Aburrá que tiene estas infraestructuras, sin considerar que es el más rural de la subregión. Cuenta con una población de 51.600 habitantes y 57 veredas, no tiene universidades y solo hay asentadas 9 empresas.
Otro argumento ha sido que los barboseños ya pagaron el costo de las obras de la Doble Calzada Bello-Hatillo, que dio origen al pago de los peajes, pero la concesión con Hatovial está desde 1996 y el compromiso, por 25 años, era que iba hasta 2021, plazo que acaba de cumplirse.
Lo último que se sabe del asunto son unas declaraciones del presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, quien en una audiencia en la Cámara de Representantes en septiembre dejó entrever la posibilidad de que los peajes se muevan a Vías del Nus dado el alto volumen de vehículos que circulará por esta autopista 4G apenas entre a funcionar.
“Por allí se calcula que va a haber un alto flujo vehicular y eso haría posible correr los peajes, pero no es algo oficial”, dice el alcalde barboseño.
El Comité No más Peajes Barbosa, que nació hace dos años para luchar de manera pacífica contra estos cobros, afirma que tienen conocimiento de que la ANI planea rebajar a $1.000 las tarifas para los dueños de vehículos residentes en la localidad, decisión que no los convence.
“Ese beneficio es paliativo, porque para las tractomulas las tarifas seguirán en $47.000, y ninguna empresa va a llegar al municipio sabiendo que para sacar su mercancía, en pagos de ida y regreso, se gastará $94.000”, dice Óscar Gutiérrez, uno de los voceros del movimiento.
El alcalde de Copacabana, Héctor Monsalve, dice que su localidad continúa apoyando a Barbosa en su lucha, a pesar de que ya fue eliminado el peaje de Niquía, que afectaba directamente a su localidad (ver Paréntesis). “Las conversaciones deben seguir, no han vuelto a citar a reuniones para hablar del tema”, señala.
Los alcaldes de Bello y Girardota no opinaron sobre el tema. En la ANI, aunque también buscamos respuestas a este tema, al cierre de esta edición no llegaron
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