El emblemático ambiente de las playas cariocas, con su samba alegre, vendedores ambulantes ofreciendo sus delicias gastronómicas y los quioscos con nombres llenos de personalidad, están al borde de desaparecer.
A partir del próximo 1 de junio, una estricta normativa decretada por parte alcaldía de Río de Janeiro prohibirá la música en vivo, las ventas sin permiso y cualquier actividad comercial no regulada en toda la franja costera.
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La medida, que busca “preservar el orden urbano, la seguridad pública y el medioambiente”, amenaza con silenciar la identidad cultural y el desarrollo económico de lugares icónicos como las playas de Copacabana e Ipanema en Brasil.
“Es difícil imaginar Río de Janeiro sin bossa nova, sin samba en la playa”, lamentó Julio Trindade, un DJ de Copacabana, quien ve con preocupación la llegada de la nueva era playera. “Mientras el mundo canta ‘Garota de Ipanema’, nosotros no podremos ponerla en la playa”, afirmó a medios locales.
El decreto, firmado a mediados de mayo por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo da Costa Paes, encendió la polémica entre quienes lo ven como una necesaria regulación y quienes denuncian un golpe directo al desarrollo de la ciudad.
Un golpe a la identidad y a la economía local
De acuerdo con Globo, la concesionaria Orla Río, que administra más de 300 quioscos en las playas, ha sido una de las voces más críticas tras esta decisión.
“No se trata solo de controlar el ruido. Esto es silenciar la esencia de Río”, denunció la empresa en un comunicado, advirtiendo que la norma compromete “el espíritu democrático, musical y vibrante” que define a la capital carioca.
La nueva reglamentación también obliga a los quioscos a renunciar a sus pintorescos nombres —como “Onda Azul” o “Sereia Tropical”— para identificarse únicamente con números, otra decisión que, según los comerciantes, afecta la fidelidad de los clientes y su identidad comercial.
El impacto económico no sería menor. La actividad informal en las playas mueve unos 4 mil millones de reales al año (alrededor de 710 millones de dólares), según datos oficiales de 2022. Y es que miles de personas viven de la venta de empanadas, camarones, bikinis o incluso cargadores.
Bruno de Paula, socio de cinco locales en la ciudad, resaltó la importancia de la música: “La música es fundamental, no solo como atractivo turístico, sino como generador de empleo. Contratamos a más de 550 músicos al mes”, aseguró a Globo.
Voces en contra y a favor en medio de la batalla legal
“Es trágico”, expresó Juan Marcos, un joven de 24 años que vende mariscos en Copacabana y vive en una favela cercana. “Nos matamos trabajando para llevar algo a casa. ¿Qué vamos a hacer ahora?”, dijo al medio mencionado.
Los vendedores denunciaron que el problema no es solo la exigencia de permisos, sino la escasez de ellos. “Los necesitamos, pero no los dan”, señaló María de Lourdes do Carmo, líder del movimiento MUCA y conocida como “María de los Ambulantes”. Según ellos, la alcaldía no ha revelado cuántas autorizaciones se entregaron el año pasado.
Por su parte, el Instituto Brasileño de Ciudadanía presentó una demanda para frenar las restricciones, argumentando que la norma vulnera el derecho al trabajo.
Sin embargo, un juez rechazó la solicitud, aunque el proceso sigue en apelación. Las sanciones previstas por el decreto incluyen advertencias, multas, incautación de equipos y revocación de licencias, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Incluso figuras políticas alzaron la voz. “¿Para qué hacer conciertos internacionales si se reprime a quienes generan cultura todos los días?”, criticó la concejal Dani Balbi en sus redes sociales, haciendo referencia a los recientes shows de Madonna y Lady Gaga.
Aunque la mayoría se opone, algunos vecinos aplaudieron la medida. María Lucía Silva, de 65 años y residente de Copacabana, celebró la regulación: “Este barrio es de personas mayores. Pagamos impuestos caros y no queremos este desorden”, concluyó a Globo.
Asimismo, la Asamblea Municipal debate actualmente un proyecto de ley que podría modificar el decreto de alcaldía, aunque aún no está claro si será votado antes de la entrada en vigor de la medida, es decir, 1 de junio.
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