Cuando el 96 % de los encuestados percibe un deterioro en su situación de seguridad, debemos volver la mirada a las instituciones, más que a las estadísticas o a los fenómenos, que explican esa situación. Complejas discusiones pueden darse acerca de si los homicidios han aumentado o si en una perspectiva de mediano plazo solamente volvieron a su nivel usual, los de un país afectado por formidables grupos de crimen organizado en intensa disputa. También podemos discutir de forma interminable sobre las causas: sobre si fueron las protestas las que generaron el crimen o sobre si la efectividad de la Policía o el aparato de Justicia son los que están fallando o si son ambas cosas. Lo que es indiscutible es que hay una profunda crisis de confianza en las instituciones. Esta crisis la agravó la protesta y la respuesta represiva de la fuerza pública, que dañó las relaciones con colectivos enteros de la sociedad colombiana, comenzando por los jóvenes en situación de desempleo y desescolarizados. Hasta que no se recobre esa confianza en la Policía Nacional, en la Fiscalía General y en los jueces, la percepción de seguridad no mejorará en Colombia
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