Recibimos con preocupación todo lo que provenga del fiscal general. En este caso específico de sus declaraciones sobre las eventuales investigaciones contra el presidente Álvaro Uribe por parte de la Jurisdicción Especial de Paz, se trata de alguien que carece de competencia, ya que todos sabemos que en razón de su fuero, los expresidentes de la República están sometidos a la competencia exclusiva del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con los hechos derivados del ejercicio de sus funciones. Y en lo que tiene que ver con los hechos que se les atribuyan antes de ser presidentes o después de dejar el cargo, está la condición adicional de senador del expresidente Uribe, cuya competencia es exclusiva de la Corte Suprema.
Es prematuro dar conclusiones sobre algo que todavía no tiene concreción, que además no ha sido refrendado por los colombianos y que por tanto no tiene ningún valor jurídico. Esto demuestra un sesgo por parte del fiscal en relación no solo con el expresidente Uribe sino con lo que él representa.
El país necesita un fiscal general que garantice independencia, imparcialidad, serenidad en sus juicios. Y si el actual fiscal quiere actuar como actor político, debe renunciar a su cargo.
