Las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno para luchar contra la pandemia y, en particular, el confinamiento obligatorio con excepciones, son respaldadas por la comunidad científica. Se ha honrado con esa decisión el precepto de que la principal obligación de cualquier gobernante es proteger la vida y el bienestar de sus ciudadanos, y se ha ganado un tiempo precioso con ella.
El confinamiento, sin embargo, tiene importantes costos colaterales y afecta a algunos grupos más que a otros. Hay sectores productivos ganadores como la producción de alimentos y su comercialización, pero hay muchos perdedores. Y no todas las empresas tienen la caja para enfrentar la parálisis de sus ventas. La gran mayoría de las firmas en Colombia son mipymes. Entre la población son más damnificados los pobres y los vulnerables, quienes viven del día a día, y quienes tienen contratos por prestación de servicios o a término definido.
A medida que se acerca el fin del confinamiento empieza una preocupación general por la posibilidad de que se extienda otras semanas. El Gobierno tomará la decisión con la información que tenga en su momento acerca de la magnitud del contagio vis-a-vis la capacidad de atender a quienes requieren hospitalización y cuidados intensivos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que apresurarse a levantar el confinamiento puede tener inmensos costos en vidas humanas, perder lo avanzado durante la cuarentena y llevar a que más adelante deban tomarse, de todas formas, nuevas medidas.
Si el Gobierno decide alargar el confinamiento, en el entendido de que es lo mejor para sus gobernados, corre el riesgo de llevar a la quiebra muchas empresas, incrementar el desempleo y aumentar peligrosamente las tensiones sociales. Un grupo de profesores de la Universidad de Los Andes (La vacuna contra el covid en las empresas) estima que unos 2,5 millones de personas trabajan en empresas frágiles que pueden quebrarse con un confinamiento más largo. Empresas manufactureras y del sector servicios tales como hoteles, bares, restaurantes, transporte aéreo y terrestre, personales, comercio; todas grandes generadoras de empleo, que debieron parar por las medidas sanitarias.
El gobierno nacional y los territoriales deberán imperiosamente compensar los efectos negativos de esa inevitable decisión. Se ha hecho un gran esfuerzo con las personas vulnerables y para las empresas se diseñaron alivios financieros para evitar quiebras. El primer paquete de medidas del Gobierno apuntó, en esa dirección, a garantizar un ingreso para los más frágiles con sus programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor y ahora el ingreso solidario. Las ciudades han complementado el esfuerzo. Pero, eso no es suficiente. La cobertura y los auxilios deben ampliarse para cubrir varios meses a los vulnerables y a una parte de la clase media y a la totalidad de las empresas que lo requieran. Se deben considerar propuestas audaces como cubrir una parte de la nómina de las empresas vulnerables (planteadas por el grupo citado de profesores), y paliar el desempleo con un seguro más amplio que el que se ofrece a través de las cajas de compensación.
Para financiar las medidas y la capacidad del sector salud, el Gobierno tiene el deber de conseguir recursos adicionales donde los haya, de inmediato, y cubrir ese gasto extraordinario que asegure que podemos salir relativamente bien librados y con el menor costo en vidas y el menor daño posible de la salud de los colombianos y de la economía .
