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El país acaba de pasar una coyuntura crítica en materia de energía, con racionamiento de luz y amenaza de apagón, debido al fenómeno de El Niño. La confiabilidad del sistema eléctrico fue llevada al límite y sobrevivió por un estrecho margen. Unos meses después, y cuando el fantasma del racionamiento no se apaga, muchas voces han vuelto a alzarse, con razón, sobre un tema que genera el mayor estrés a corto plazo para cientos de miles de familias en la Costa Caribe: el precio de las tarifas de energía.
Los encargados deben ser extremadamente cuidadosos con lo que se propone para resolver la coyuntura crítica del precio de la energía en la Costa Caribe, ya que, silenciosamente, se está gestando un problema aún mayor que podría afectar a todo el país.
Debido a las señales confusas sobre la estabilidad jurídica futura de las inversiones en el sector, Colombia se enfrenta a un creciente riesgo: la posibilidad de que el crecimiento de la demanda eléctrica supere la oferta, ante los retrasos y la falta de nuevas plantas de generación. Dicho de una manera popular: que cuando se vaya a necesitar luz o energía eléctrica ya no haya para tanta gente.
Por un lado, es fundamental recordar que los altos costos de las tarifas en la Costa Caribe son un problema estructural en el sector eléctrico de la región que requiere una solución urgente. Pero por otro lado, la búsqueda de una solución a ese problema no debe comprometer el andamiaje institucional ni los incentivos para invertir en un sector que, con capital tanto privado como público, ha permitido que en los últimos tres años Colombia alcance una cobertura eléctrica cercana al 98%, con altos estándares de calidad y sin tener que recurrir al racionamiento energético.
Uno de los componentes que más afecta las tarifas en la región Caribe es el mayor consumo de energía en comparación con otras zonas del país debido a las altas temperaturas. En este sentido, la propuesta de algunos congresistas de distribuir los subsidios del sector según los pisos térmicos podría ser considerada por los reguladores del sector.
No obstante, más allá del mayor consumo, el costo de cada kilovatio en la Costa Caribe ha sido significativamente superior este año, debido a tres factores específicos. El primero es la ‘opción tarifaria’, impuesta durante la pandemia para congelar las tarifas, lo cual en la práctica funcionó como un ‘préstamo’ de las empresas comercializadoras hacia los usuarios. Ahora, estas empresas están recuperando esos saldos, lo que ha encarecido el valor a pagar en la factura de servicios.
En el caso de Air-e, la empresa comercializadora que opera en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, la decisión de recuperar el saldo de ‘opción tarifaria’ en poco más de un año ha sido el principal factor en el aumento de las tarifas. Según datos proporcionados por el viceministro de Energía, entre diciembre de 2023 y julio de este año, en apenas ocho meses, el precio por kilovatio en la comercialización casi se ha triplicado, pasando de 135 pesos a más de 390 pesos.
Otro factor relevante que impacta las tarifas en la región es el componente de ‘pérdidas’, que incluye tanto la energía perdida durante la transmisión como la energía que se roban en el trayecto con cables piratas o algún otro tipo de artilugio. Históricamente, la Costa Caribe ha tenido niveles de pérdidas significativamente más altos que el resto del país, que además se reflejan en las tarifas. Esto se debe en parte a la falta de inversión en la región, lo que afecta la calidad del servicio y crea un círculo vicioso del cual Air-e y Afinia, las sucesoras de la fallida Electricaribe, a pesar de sus intentos no han podido salir.
Finalmente, un tercer elemento atípico en la Costa Caribe son los cobros adicionales que no están relacionados directamente con la electricidad, pero que aparecen en las facturas. Entre ellos se incluyen las tarifas de alumbrado público, cobros de seguridad y convivencia ciudadana, y servicios de aseo, que, aunque no guardan relación con el sistema eléctrico, afectan el costo que pagan los usuarios de la región por sus servicios públicos
Los costos de generación eléctrica, hacia los cuales Air-e y el presidente Petro han intentado poner el foco de la discusión sobre las tarifas, aunque representan un rubro importante en la tarifa de la costa, no son muy distintos de lo que se paga por kilovatio en el resto del país.
Por supuesto ese componente debe estar sujeto de revisión en la medida en que técnicamente se pueda sin afectar el sistema. Para ello, ojalá, pronto se tenga una Creg competente y en funciones plenas.
Pero mientras tanto no sería descabellado revisar las arandelas que se le han colgado a las facturas de pago de energía: ¿por qué un ciudadano para tener electricidad tiene que pagar simultáneamente una cuota-impuesto de seguridad ciudadana?, por mencionar solo una de ellas.
Para reducir los costos de generación, como país, se debe incentivar una mayor oferta de energías limpias y baratas: solar, hidráulica y eólica. Esto aumentaría la oferta y contribuiría a reducir los costos de generación.
Pero se necesitan reglas claras y estables. La solución a las tarifas no puede traer consigo el efecto secundario de frenar las inversiones en el sector, lo que a largo plazo sería mucho más costoso para toda Colombia.