Dos de las nueve sillas de la Corte Constitucional habrán de ser ocupadas por magistrados elegidos por el Senado, de ternas enviadas para el efecto, una por el Consejo de Estado, ya definida, y otra por parte del presidente de la República, que deberá ser anunciada en las próximas semanas.
La terna del Consejo de Estado ya se elaboró para remplazar al magistrado Luis Guillermo Guerrero, que termina su período el mes próximo. Guerrero ha sido uno de los más serios y respetables magistrados de esa corte. Jurista de sólida formación como constitucionalista, ofreció a la Corte sensatez y algo tan importante en estos tiempos como decoro e integridad. Le honra que desde flancos tomados por el sectarismo se le intentara descalificar tachándolo de “ultraconservador”, evidentemente basados solo en prejuicios y recolección de rumores de pasillo, y no de la lectura cuidadosa de sus sentencias.
Si el Consejo de Estado cumplió un juicioso proceso para conformar su terna –así quepa señalar de nuevo una exclusión de juristas de centros educativos del resto del país–, no menos puede esperarse del que haya de seguir el presidente Iván Duque. Dando por descontados los ataques que recibirá sea cual sea la terna que elija, por quienes de antemano querrán vedarle la posibilidad de optar por candidatos que se identifiquen con su visión del Estado y de los lineamientos de la Carta de 1991, sí es procedente pedir que el Jefe de Estado no se atenga a presiones de clientelismo político o judicial. Hay lamentables antecedentes de malas escogencias precedidas de pago de gratitudes personales o partidistas.
Hay que señalar que resultó inesperada la renuncia del magistrado Carlos Bernal Pulido. Con una destacada hoja de vida académica y una formación correspondiente a los más altos requisitos para llegar a una alta corte, fue ternado en su momento por el presidente Juan Manuel Santos, elegido por el Senado con amplia votación de la coalición de ese gobierno, para luego pasar a ser vilipendiado también por quienes lo consideraron “traidor” a la causa de la paz, cuando se atrevió a votar según su conciencia, los mandatos de la Constitución y sus propios principios jurídicos.
Las razones aducidas para retirarse no han trascendido más allá del genérico “razones personales” y “compromisos académicos” derivados de una oferta laboral en Estados Unidos. A falta de mayores detalles de los motivos de la deserción, no deja de ser nocivo que sin llegar siquiera a la mitad del período se retire del cargo. Queda la duda de si no asumió con seriedad la magnitud de la responsabilidad, o de si hay un desencanto y una frustración que le hayan imposibilitado moralmente continuar allí. Puede que con el paso del tiempo se sepa.
El Senado elegirá los dos nuevos magistrados. Si las ternas son buenas, las elecciones también lo serán. Saben muy bien los senadores que la Corte se ha erigido en suprapoder, que confiere a sus togados una enorme capacidad de definir toda clase de aspectos de la vida nacional. Las otras ramas del poder público también lo saben. Hace seis años, en 2014, el entonces fiscal General logró una silla para su patrocinada y en 2017 se eligió a una magistrada bajo la amenaza expresada públicamente por un senador oficialista de que si no la elegían a ella “las Farc se pararían de la mesa de negociaciones” de La Habana. La mayoría del Senado les hizo caso y acató la instrucción. Y otro de los magistrados fue asesor en esos mismos diálogos de La Habana y luego como magistrado ha emitido, sin declarase impedido, sentencias favorables al desarrollo normativo de lo allí definido.
Puede ser momento de intentar que a la Corte lleguen juristas del más sólido criterio constitucional, cuya guía de actuación no sean programas políticos de corto alcance ni agendas soterradas.
