Antes de que un día de estos cualquiera –y sin darnos cuenta– se apruebe en el Concejo de Medellín el proyecto para construir una nueva cárcel, desde aquí prendemos las alarmas por lo que tiene toda la pinta de ser un muy mal negocio para la ciudad.
Estamos hablando del proyecto de acuerdo que la Alcaldía de Medellín presentó el viernes al Concejo para pedir vigencias futuras a 12 años para construir una cárcel para 1.340 sindicados (es decir, los que no han sido condenados) en San Cristóbal. El proyecto llegó con tantos vacíos y errores al Concejo que se vieron obligados a devolverlo a la Alcaldía para que lo corrija.
La lista de anomalías es larga, empezando por los estudios técnicos que deben respaldar la viabilidad del proyecto, pero no aparecen por ninguna parte, a pesar de los reiterados pedidos de los concejales. El lote escogido para construir colinda con parcelaciones, urbanizaciones y viviendas, lo que lo hace inviable para una cárcel. En la parte superior, dentro del predio, hay humedales y nacimientos de agua. Estos deben ser intocables. Y para completar, ese predio cumple un servicio ecosistémico clave de regeneración natural, lo que ya en sí es razón suficiente para evitar una construcción allí de semejante envergadura. ¿Contempló la Alcaldía estas inconsistencias? ¿O no tuvo tiempo en el afán de firmar más y más contratos antes de irse?
Adicionalmente está el desbarajuste financiero. Resulta insólito, como lo dijo la concejal Claudia Ramírez, que la agencia APP haya calculado el proyecto con un dólar a $3.842, muy por debajo de los $4.370 de su valor promedio en los últimos 12 meses o de los $4.670 en los recientes seis meses. Por no hablar del reguero de variables que deja por fuera como el aumento de los costos de materiales y las tasas de interés.
El proyecto, además, ha provocado rechazo de la comunidad. La Alcaldía pretende construir una cárcel en un corregimiento que ya sufre por la pobre oferta de suelo agrícola, la pésima infraestructura y la deficiente cobertura de servicios básicos. La matriz de impactos de la construcción de la cárcel arroja una posibilidad casi del 100 % de que este proyecto cause un desabastecimiento de agua en el área que la rodea y afectaría a los 200.000 habitantes de San Cristóbal. Con razón, ya salieron a las calles del corregimiento a mostrar su desacuerdo en días recientes.
En fin, la Alcaldía entregó para discusión del Concejo un documento que, según la concejal Claudia Ramírez, insulta la inteligencia de los concejales y de la ciudadanía.
Ahora bien, también hay que decir que existe una imperiosa necesidad de acabar con la crisis humanitaria que se vive en las cárceles. Este año se cumplen 25 años desde cuando la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por las precarias condiciones de vida en los centros de reclusión de todo el país. Hoy, por ejemplo, el Valle de Aburrá tiene 2.044 personas privadas de su libertad en 27 estaciones de policía, es decir, en sitios no adecuados para ese fin, y que además tienen una capacidad para apenas 643 personas, lo cual se traduce en un hacinamiento de más del 800%. Cientos de seres humanos que pasan sus días en condiciones deplorables.
Sin embargo, lo que propone la Alcaldía de Medellín no les cumple ni a estas personas privadas de su libertad ni a la sociedad en general. Los cálculos que hacen las organizaciones de derechos humanos indican que la capacidad que plantea el proyecto dejaría al Valle de Aburrá con un déficit en su capacidad carcelaria de casi el 40% para cuando empiece a operar en 2026. Si se van a hacer las cosas mal —al menos así lo indican las protuberantes fallas del proyecto— y si encima no se va a construir la cárcel que se necesita, señores concejales, es mejor invertir el tiempo y los recursos en buscar una alternativa que resuelva bien el problema.
La Alcaldía le hizo el quite a esa obligación durante tres años, a pesar de que sabía que en abril de 2023 expiraba el plazo para cumplirles a la Corte Constitucional y a la ciudadanía. Ahora que la Corte otorgó seis años más de plazo (sentencia SU122/22), el Concejo de Medellín debe actuar con responsabilidad y poner a un lado cualquier posible chambonada. ¿O cuál es el afán?
¿Por qué el repentino interés en construir la cárcel? Tal vez tiene que ver con el contrato que hay de por medio: la Alcaldía está pidiendo al Concejo que le apruebe $675.000 millones de vigencias futuras, es decir, amarrar desde ya $56.200 millones del presupuesto de las alcaldías futuras, cada año, hasta el 2035.
Hay que decir que el Concejo de la ciudad ha estado particularmente generoso y le ha aprobado varias vigencias futuras al Alcalde: le aprobó en agosto 675.000 millones para colegios, centros de salud y escenarios deportivos y, en octubre, 135.000 millones de pesos para el PAE. Es decir, ya van al menos 800.000 millones, que serían de futuras alcaldías, y que esta –a menos de 10 meses de terminar su período– va a contratar de manera anticipada.
Lo más preocupante es que, según los estudios que han publicado veedurías y gremios, como Medellín Cómo Vamos, Todos por Medellín y la Cámara de la Infraestructura, la alcaldía de Daniel Quintero se ha rajado en la ejecución de recursos. Por no hablar de las múltiples denuncias y evidencias de corrupción que en los medios de comunicación se han publicado. ¿Por qué el Concejo querría sacar de debajo de las piedras más recursos para dárselos?. .
