Después del huracán que ha provocado la reforma a la salud, y de la tormenta creada por el proyecto de ley para negociar con las narcobandas, esta semana es el turno de dos reformas que sacuden la economía del país y que fueron presentadas la semana pasada: se trata de la laboral –o si se quiere del trabajo– y de la pensional.
En teoría son reformas fundamentales porque –como todos repiten para justificarlas– más de la mitad de los colombianos tienen trabajos informales (58% más exactamente); más de 3 millones están desempleados; y sólo 25 de cada 100 logran tener una pensión.
El reto, sin duda, es enorme. Pero eso no quiere decir que con promulgar estas reformas como por arte de magia la realidad va a cambiar. Las normas sin duda pueden ayudar a corregir problemas sobre todo relacionados con los derechos de las personas. Pero si no se hacen bien los cálculos también pueden convertirse en un lastre para el mercado y eventualmente producir efectos adversos a los que se buscan.
En cuanto a la reforma laboral, el gobierno revivió algunos de los beneficios que se eliminaron en 2002 en el gobierno Uribe, entre ellos volver al pago del 100% de recargo para dominicales y festivos, que hoy es del 75%. Además, se incluye el pago de horas extras a partir de las 6 de la tarde y no de las 9 de la noche, se prioriza la contratación a término indefinido, se restablece el preaviso para los trabajadores, se disminuye la tercerización laboral, se fortalecen las organizaciones sindicales y aumenta la licencia de paternidad a 12 semanas. Adicionalmente, se establecen garantías para quienes trabajen en plataformas digitales y de reparto.
Aunque la reforma se discutió en una mesa tripartita (gobierno, centrales obreras y gremios económicos) ha sido acogida con reservas por el sector privado, entre otras cosas porque el texto definitivo lo revisaron en una reunión de solo tres horas y luego, dicen, aparecieron artículos que no estaban.
Una de las mayores preocupaciones es que la reforma encarece los costos de contratación. Fenalco estima que el impacto será grande y que los costos de la nómina aumentarán alrededor del 30%. Incluso pronostica que el número de desempleados aumentaría en 600.000 mil personas, alcanzando a llegar a los 4 millones en el mediano plazo.
Ahí está la pregunta de fondo: ¿Colombia quiere una reforma laboral, como la que se está planteando, que mejore las condiciones de quienes tienen ya empleo, pero que eventualmente, si los cálculos de los especialistas resultan ciertos, produzca más desempleo; o lo que necesita es una reforma laboral que permita producir más empleos?
Con un desempleo del 13,7%, uno de los más altos de América Latina, el país debe procurar que las normas fomenten la creación de nuevos puestos de trabajo y que sean más flexibles.
Si bien, muchas de las propuestas para dignificar el trabajo son loables, es necesario pensar en cómo incorporar al mercado formal a más de 15 millones de colombianos que están en la informalidad, que no aportan a seguridad social, hecho que impacta de manera negativa los aportes a pensiones. Sin un mercado laboral fuerte es difícil incrementar la base de pensionados en el futuro, como lo espera el gobierno.
Precisamente, la reforma pensional es otro tema de gran interés. El punto que ha despertado más comentarios –aunque no necesariamente es el más importante– tiene que ver con que el presidente Gustavo Petro rebajó el monto del bono pensional que les había prometido a los mayores de 65 años. En campaña les dijo que el Gobierno les iba a dar 500.000 pesos mensuales a más de tres millones de adultos mayores, pero ahora se los rebajó a 223.000 pesos, solo para aquellos que estén en pobreza extrema y vulnerabilidad. Sin embargo, no se puede desestimar lo que sería un logro clave en términos de equidad y sobre todo de sobrevivencia para los adultos mayores más necesitados. Esos que hoy ya reciben 80.000 pesos del programa Adulto Mayor y que de aprobarse este punto de la reforma casi triplicarían su ingreso mensual.
La reforma divide a la población colombiana en cuatro grupos. El primero, es el solidario ya mencionado. El segundo es el semicontributivo para los mayores de 65 años que sí cotizaron, pero no todas las semanas que exige la ley, a ellos se les dará una renta vitalicia cuyo monto será inferior al mínimo y dependerá de lo ahorrado. En el tercer pilar entran todos los trabajadores que cotizan a pensiones, pero como es manejado por Colpensiones allí solo aportarán sobre tres salarios mínimos o menos. Y el cuarto pilar es para quienes devenguen más de tres salarios mínimos, es decir, más de 3,48 millones de pesos, que deberán poner el excedente de esa base (que quedará en Colpensiones) como ahorro pensional en los fondos privados.
La pensional tiene algunos puntos buenos: la pensión solidaria por ejemplo y el hecho de que elimina elevados subsidios que hoy se otorgan en las pensiones a las personas de mayores ingresos. Sin embargo, los fondos privados han expresado su preocupación porque consideran que las cotizaciones del 88% de los ocupados se irán al sistema público (Colpensiones) y esto afectará el mercado de capitales gracias al cual se han apalancado muchas obras para el desarrollo del país.
Llama la atención que el gobierno no se quiso dar el lapo de aumentar la edad de jubilación, que hoy es de 62 años para hombres y de 57 para mujeres, seguramente para evitar protestas sociales como las que se presentan en Francia.
Sí, se necesitan reformas en los mercados laboral y pensional, pero hay que buscar un equilibrio .
