El pasado 4 de agosto la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a cinco conocidas compañías (Productos Familia, Tecnoquímicas, Kimberly Colpapel, Tecnosur y Drypers Andina) y a 44 de sus ejecutivos por la posible cartelización en los precios de los pañales durante 13 años.
Mediante una Resolución sustentada en elementos probatorios documentales, testimoniales (incluyendo confesión de parte y delaciones), periciales y de inspección directa, se puede ver cómo hubo posibles acuerdos de restricción de la libre competencia económica. Se cita, por ejemplo (pág. 118) el correo de uno de los ejecutivos a sus coaligados en la trama para exigir que “todos nos esforcemos un poco por subir los precios y no dejarnos mas (sic) manejar por el cliente”.
El cliente, en ese caso, no son solo los grandes almacenes con gran capacidad de negociación, sino los padres de familia que compraban los pañales sin posibilidad alguna de acceder a las mejores condiciones de un mercado regido por la libre competencia.
Y esta misma semana, la misma Superintendencia reveló otro supuesto nuevo cartel, vigente desde 1998 hasta 2013, esta vez en el papel suave o tisú (papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos para manos y cara). Productos, pues, de consumo indispensable y diario en todos los hogares.
El proceso administrativo y sancionatorio contra Productos Familia, Kimberly, Drypers (estas tres también involucradas en la primera investigación), Papeles Nacionales y Papeles y Cartones de Risaralda, también cuenta con un elemento crucial: tres de ellas han delatado y confesado los graves hechos.
Las consecuencias no son solo jurídicas, sino económicas y sociales. Si ayer comentábamos la caída de confianza ciudadana en el sector empresarial (Encuesta Yanhaas), carteles de este tipo introducen distorsiones comerciales y evidenciarían -de probarse, por supuesto- faltas a la ética, indignas de un sector industrial que reclama la confianza del consumidor y su gasto familiar en productos de primera necesidad.
Por eso nos parece también plausible que en el caso de los pañales se haya instaurado una acción de grupo de consumidores para exigir el resarcimiento de sus derechos, en caso de que finalmente se acredite la conformación del cartel. Y en el segundo caso, con mayor razón, sería prácticamente el país entero el afectado ante estas conductas colusivas.
Es bien sabido que unos mercados eficientes, que operen adecuadamente, permiten que, a través del libre intercambio entre agentes, la canasta de bienes y servicios resultante les asegure a los consumidores la plena satisfacción de sus necesidades y a las empresas la obtención del mayor beneficio lícito posible.
Por eso es que se busca garantizar, a través de las instituciones de vigilancia y control, que las empresas y los productores participen libremente de los mercados de bienes y factores, que los consumidores alcancen los niveles de bienestar a los que aspiran y así se asegure la eficiencia económica.
Los regímenes de competencia hacen parte fundamental de las reglas de juego que regulan y promocionan la adecuada operación de los mercados. La protección de la libre competencia ha sido consagrada como un derecho colectivo, cuya restricción también impide la libertad económica. Tanto la primera como esta última son valores que los colombianos no podemos permitir que se pierdan bajo acuerdos turbios que enriquecen injustificadamente a unos y afectan a todos los demás.
