Las primeras cifras y previsiones acerca de la crisis económica provocada por el coronavirus indican que muchos países están entrando en recesión. Las economías donde la población está confinada trabajan a un 50% o menos de su potencial y, con la difusión de la enfermedad por todo el mundo, los polos de crecimiento se van apagando. La economía china fue la primera en resentirse, ahora le sigue Europa y se espera que en Estados Unidos con la extensión de la cuarentena se dará un descenso paulatino en la actividad hacia el segundo trimestre de este año.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió, en una primera evaluación, que en diferentes escenarios la crisis provocaría la destrucción de entre 5,3 millones y 24,7 millones de trabajos en todo el mundo. Esto en relación con una cifra de base de 188 millones de trabajadores. El escenario pesimista sería superior al número de desempleados provocado por la crisis de 2008-2009 (22 millones). La reducción de los empleos provocará la caída de los ingresos de los trabajadores, y a su vez del consumo de bienes y servicios, que impactará a su turno las perspectivas de las empresas y de las economías.
Las particularidades del mercado laboral colombiano hacen que la crisis sanitaria y sus consecuencias de confinamiento tenga unas connotaciones complicadas. En Colombia participan en el mercado laboral formal muchas micro, pequeñas y medianas empresas sobre todo en el sector de servicios (excluyendo a los bancos y las grandes superficies), y algunas grandes. También hay una alta informalidad (50 % de los trabajadores trabaja en actividades informales) y las cesantías son un recurso limitado como seguro de desempleo.
La crisis en Colombia está agravada por la caída del precio del petróleo; de otro lado, no todas las empresas tienen ahorros y no se pueden sostener si no tienen ventas o ingresos normales por el confinamiento. Son muy vulnerables y lo son más aún sus trabajadores. También la crisis golpea a los trabajadores informales que no tienen ninguna protección.
Se espera un impacto fuerte que aumenta la informalidad y la pobreza, con mucha gente sin ingresos. Es necesario, en la medida de lo posible evitar que eso se produzca. Para el sector formal, la legislación que ha producido el gobierno quiere mitigar los despidos y ha dado a las empresas la alternativa del trabajo en casa, vacaciones anticipadas, colectivas o jornadas flexibles, como una forma de conservar el empleo.
Sin embargo, esa es una medida de mediano plazo y no resuelve el problema de algunos trabajadores que no puedan ser reenganchados al finalizar la emergencia. El desempleo juvenil y, en mayor medida el de las mujeres, se agrava en la coyuntura y se posterga su solución. Los trabajadores en el limbo se deben apoyar con programas sociales y de formación ante la precariedad del ahorro de las cesantías, porque de todas formas va a darse la mortalidad de empresas.
Los trabajadores informales, que viven del día a día, deben recibir un ingreso para que puedan quedarse en casa. A medida que la economía se recupere, los trabajadores informarles comenzarán a laborar rápidamente, no tienen alternativa. Por eso la iniciativa del Gobierno de otorgar a los trabajadores informales, no beneficiarios de programas sociales, un bono de 160 mil pesos va a en la dirección correcta, aunque es probable que deba ampliarse en el tiempo si la cuarentena se prolonga.
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