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Fue importante la intervención del canciller Omar Bula Escobar el pasado 12 de octubre ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Era su primer discurso ante el que, palabras más, palabras menos, es el órgano ejecutivo de la ONU, el cual tiene capacidad de adoptar mandatos y resoluciones que pasan a ser parte del derecho internacional público. Allí formuló puntos de vista que muchos colombianos compartirán plenamente, críticas procedentes y con fundamento, y elevó una petición que deberá ser objeto de mayores explicaciones, relativa al componente de verificación de la Reforma Rural Integral.
En 2016, en el marco de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, las Naciones Unidas tomaron parte activa. Una vez alcanzado el Acuerdo Final, su Consejo de Seguridad, a solicitud de nuestro país, constituyó una Misión de Verificación para monitorear varios puntos del Acuerdo y su cumplimiento.
La Misión de Verificación debe renovarse anualmente, y antes de que termine este mes los quince países miembros del Consejo deberán definir si se prorroga su mandato, y fijar cuáles serán los aspectos a examinar durante el año siguiente.
Hasta ahora, los capítulos son cinco: la reincorporación social y económica de los antiguos combatientes de las Farc a la vida civil; las garantías de seguridad y medidas de protección para comunidades, líderes sociales, defensores de derechos humanos y los desmovilizados firmantes del acuerdo; la reforma rural integral, haciendo seguimiento a los avances en el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad y el desarrollo en el campo; lo relativo a las sanciones propias acordadas en la justicia transicional e impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y la comprobación del cese al fuego, junto con la dejación de armas.
Esta Misión de Verificación ha ido focalizando sus objetivos a lo largo de esta década, haciendo énfasis en algunos, atendiendo también la rendición de cuentas que hacen los gobiernos colombianos al presentar cada año sus balances. Hay uno de esos puntos que es esencial, clave para la legitimidad de los acuerdos de paz, que lamentablemente se fue dejando de lado: el cumplimiento de los compromisos de reparación por parte de las Farc y de sus máximos responsables hacia sus víctimas. Se suponía que era algo que debía asegurar la JEP. La Contraloría General de la República ha presentado tres informes más en 2026, en los que queda claro que los cabecillas de las Farc, beneficiados por el sistema de justicia transicional, han incumplido sistemáticamente sus obligaciones de reparación material a las víctimas.
De allí que fuera oportuna la declaración que hizo el canciller Bula ante el Consejo de Seguridad: el Gobierno colombiano tiene la responsabilidad y el legítimo derecho de examinar con rigor los resultados alcanzados en la implementación del Acuerdo con las Farc, y enfrentar los desafíos que persisten. Hizo bien en hacer un repaso de la situación que encontraron: cifras alarmantes en homicidios, ataques terroristas, extorsiones, reclutamientos forzados de menores, cultivos ilícitos y tráfico de cocaína. Denuncias claras que deben manifestarse, con el buen tino de haber ratificado antes que, en todo caso, “Colombia seguirá cumpliendo su compromiso con el mandato de la Misión de Verificación y con las obligaciones derivadas del Acuerdo Final”.
Entre los aspectos que requerirán un mayor desarrollo y explicación por parte del Gobierno del presidente De la Espriella, está el de su propuesta de sacar el componente de verificación sobre la Reforma Rural Integral. El canciller expuso someramente que esa reforma “tiene una naturaleza distinta; constituye una política pública estructural, multisectorial, y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”. En el lenguaje diplomático los embajadores habrán entendido bien el mensaje, y es posible que accedan a la solicitud de poner otros asuntos arriba en las prioridades. Pero, en la comunicación directa y sin eufemismos que suele usar el presidente con los ciudadanos, podría ser más explícito en las razones que lo llevan a él y al ministro de Relaciones Exteriores a requerir esta modificación.
Que la Reforma Rural Integral es un asunto de soberanía nacional no se discute, pero ese argumento también podría aplicarse a todos los demás compromisos sujetos a la verificación. El punto 1 del Acuerdo Final de 2016, que trata precisamente de Reforma Rural Integral, bien entendido e interpretado, no se dirige únicamente a la entrega de tierras a los desmovilizados de las Farc. Tiene un campo de aplicación más amplio. El actual Gobierno puede darle desarrollo y beneficiar a todos aquellos campesinos y comunidades vulnerables de zonas marginadas, que el presidente conoce bien, que han sido víctimas de guerrillas y demás grupos armados, cuyas necesidades deben atenderse por fin, y si es con acompañamiento internacional, tanto mejor.