La semana pasada el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció una serie de medidas para organizar la movilidad en Medellín, y en concreto, la del transporte público de pasajeros.
Junto con la seguridad ciudadana, los servicios públicos y el medio ambiente sano, el de la ordenación del transporte, regido mediante normas de conducta por autoridades expertas y no por la ley de la selva, es una de las demandas más sentidas de los ciudadanos.
Las medidas concretas consisten en la puesta en marcha de carriles de uso preferente para buses, busetas y microbuses (84 kilómetros inicialmente); la instalación y operatividad de los paraderos, para que los pasajeros sepan dónde bajarse y los conductores dónde parar; la entrada de buses no contaminantes, y el correlativo retiro de los que más dañan el medio ambiente; la regulación y limitación de las rutas en el Centro de la ciudad; y la consolidación de la tarjeta Cívica como mecanismo de viaje unificado en el sistema de transporte público urbano.
Estas medidas iniciales son adecuadas. Requerirán, por supuesto, el concurso de todos. De los empresarios del transporte, los conductores, los pasajeros y de las autoridades. Se sabe que los agentes de Tránsito (los conocidos popularmente como “azules”) cumplen de forma profesional las funciones asignadas pero es también evidente la falta de más personal. Hay zonas de la ciudad donde la aplicación de las normas dependen del solo criterio cívico de los conductores, muchos de ellos sin conocer las normas del Código Nacional de Tránsito.
Este Código, por ejemplo, ya consagra el deber de los conductores de transporte público de pasajeros de detenerse únicamente en los paraderos, y no en cualquier sitio de la calle. Y también impone el deber a las autoridades de ubicar los paraderos y señalizarlos según las normas técnicas definidas en las políticas locales de planeación.
La regulación ordenada del tráfico en el Centro es urgente. Varias veces anunciada, su ausencia surge ante los ojos de cualquier transeúnte. Allí confluyen vehículos de toda el Área Metropolitana. Por eso, la capacitación a los conductores y la normalización de sus condiciones laborales (¿cómo lo hará la Alcaldía?) son iniciativas plausibles. Ojalá se ejecuten con eficacia.
Una verdadera política de movilidad requerirá más decisiones, por supuesto. No todas las medidas será posible aplicarlas al mismo tiempo pero estos anuncios de la semana pasada pueden dar inicio a esa ordenación tan necesaria.
Datos recopilados por el programa Medellín Cómo Vamos así como los resultados de su Encuesta de Percepción Ciudadana revelan, por ejemplo, que en Medellín circulan más motos (639.231) que carros (633.993). O que entre 2012 y 2015 el parque automotor se incrementó un 15,17 %. Y que el año pasado, el 34 % de los encuestados que se movilizan para estudiar o trabajar fuera de su casa, lo hicieron en transporte colectivo.
Con realismo, el secretario de Movilidad de Medellín, Juan Esteban Martínez, afirma que la adquisición y uso de vehículos particulares es un fenómeno económico y social imparable. El deber de los gestores de la política urbana es planificar y ejecutar los mejores planes para que el transporte público sea de verdad la mejor alternativa accesible a todos los habitantes de la urbe.
