El sistema de valorización en Medellín, mediante el cual se han construido muchas obras de indudable beneficio social para la ciudad, afronta una crisis de credibilidad que amenaza que dicho instrumento no pueda volver a ser utilizado sin que venga acompañado de un enorme rechazo de los contribuyentes.
Incluso en épocas en que las obras se ejecutaban cumplidamente, los diseños eran adecuados y el alivio para el tráfico era evidente, el sistema de construir obras cobrando contribución de valorización generaba resistencias. Muchos propietarios consideraban que los impuestos pagados ya eran cuota suficiente en su aporte para el desarrollo urbano.
Y fue esta reticencia de pocos pero influyentes sectores lo que hizo fracasar en 1990 el proyecto de renovación urbana y de infraestructura física y vial más ambicioso que se hubiera planificado nunca en la ciudad, la Obra 500. Un megaproyecto que incluía decenas de obras y creaba miles de empleos. Por decisión del Concejo de Medellín de entonces, el pago por valorización de estas obras tuvo que someterse a consulta popular. La confluencia de una falta de conciencia sobre los alcances de la obra y el más inmediato interés por el bolsillo, sumados a una indecible mezquindad de unos dirigentes políticos y constructores muy definidos que querían proteger sus terrenos en El Poblado, llevaron a una campaña para votar negativamente el proyecto. Los votos fueron muy pocos, la abstención muy alta y al final se tuvo que enterrar el proyecto. Algunas de esas obras se han ido haciendo poco a poco, a costos estratosféricos. Pero la mayor parte ya no se podrá hacer nunca: los terrenos ya están edificados.
Esta reminiscencia histórica es para señalar que, a pesar de todo ello, los habitantes de Medellín, cuando encuentran credibilidad en los líderes de la Alcaldía y notan que las obras se hacen, y se hacen bien, están dispuestos a pagar la contribución de valorización.
Entre otras cosas, fijar los cobros y establecer las sumas siempre ha significado un alto costo político para el alcalde que asume esa responsabilidad. Lastimosamente, del último paquete de obras varias han quedado mal diseñadas, mal hechas o con retrasos de muchos meses en su entrega.
A la actual administración le correspondió recibir varias obras en marcha, así como los problemas jurídicos, cuál más enredado, de las que no se han podido terminar (Transversal Inferior con Loma de los Balsos, llamado intercambio John Gómez Restrepo); las que llevan retrasos (Transversal Superior con calle 10); o las mal diseñadas y que poco ayudaron a agilizar el tráfico (Transversal Superior con Loma del Tesoro, intercambio vial Evelio Ramírez Martínez).
Los responsables de la administración de Aníbal Gaviria han guardado silencio total. Los entes de control no parecen haberse dado por aludidos. Los diseñadores esgrimen pretextos pero nunca van a la nuez del asunto. Y el primer “constructor” -es un decir- de la inconclusa obra de la Transversal Inferior con Los Balsos dejó la obra tirada sin mayores consecuencias.
La ciudadanía, en concreto los contribuyentes, solo han obtenido respuestas parciales o falsas consolaciones. No hay responsabilidades. Mucha gente ha perdido dinero, sus propiedades se han desvalorizado. Si en esto no hay algún tipo de justicia, el sistema de valorización podrá quedar liquidado en esta ciudad.
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