Los colombianos ya sabemos que un producto de uso diario y de primera necesidad, como el papel higiénico, fue comercializado en gran porcentaje, durante más de una década, a través de mecanismos ilegales de acuerdos para la fijación artificial de precios, que implicaban que estos no los fijaba la oferta y la demanda propia del libre mercado, sino pactos colusivos que los partícipes creían secretos para distorsionar las normas de la libre competencia.
Empresas que habían construido reputación de calidad y alcanzado grandes desarrollos en mercadeo y comercialización de múltiples productos para el aseo personal y del hogar, tramaban al mismo tiempo operaciones para perjudicar a los consumidores. Ahora ven destruida su reputación, derrumbada su credibilidad, e intentan en lo posible estrategias de control de daños para recuperar la confianza de los colombianos.
Algo que no se puede desestimar es que si se supo de la existencia de este cartel, como se ha sabido también del de los pañales o los cuadernos (con varias de las mismas compañías involucradas), es porque al fin una entidad de vigilancia tomó la firme decisión de investigar, encontrar la verdad y determinar responsabilidades, más allá de las presiones y del peso empresarial de los conglomerados económicos involucrados en tan reprochables prácticas ilegales.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adelantó unas diligencias tan sólidamente estructuradas que ya uno de los participantes en el cartel, el Grupo Familia expidió un comunicado en el que “expresan su arrepentimiento sincero”, “reconocen plenamente sus errores”, aceptan su responsabilidad y “manifiestan su rechazo ante cualquier práctica contraria a las normas de libre competencia”. El gerente de la compañía, Darío Rey Mora, fue “suspendido” por la junta directiva.
Puede ser tardío, pero hay que reconocer el gesto. Teniendo en cuenta un precedente: el 19 de mayo del año pasado, el grupo sueco SCA, dueño del 50 % del Grupo Familia, expidió un comunicado desde su casa matriz en el que manifestó su preocupación por las investigaciones desarrolladas en Colombia, y declaró que “la competencia libre y sin distorsiones es una importante piedra angular en todas las sociedades y para cada operación de negocio”.
Si fue el grupo sueco el que impuso colaborar con la SIC en Colombia y aceptar la responsabilidad de los actos contrarios a la ley cometidos por ejecutivos colombianos es algo que no hay forma de determinar ahora, pero que debería saberse.
Entre muchas otras, dos preguntas nos hacemos hoy: ¿cómo quedarán los precios del papel higiénico sin la vigencia de los carteles de precios? ¿Y pueden asegurarnos las instituciones públicas que la actual decisión de la SIC para aplicar la ley y proteger a los consumidores seguirá firme sin que ello dependa de quién ejerza las funciones de superintendente?
Por otra parte, aceptar las disculpas presentadas por uno de los participantes del cartel es algo que compete a cada consumidor, quien al final, no se olvide, tiene un poder indelegable en su mano: es el consumidor quien decide qué producto compra y a qué fabricante. A quién le otorga su confianza, y a quién considera digno de credibilidad.
Las empresas que se cartelizan no creen en el mercado. Al coludirse para fijar precios artificiales sacan la mayor renta posible violando las normas de la libre competencia. Desechan los riesgos y subestiman la capacidad de la vigilancia estatal. Y, ante todo, desprecian al consumidor y a la ética empresarial.
