Desde meses atrás las calificadoras de riesgo habían señalado los riesgos fiscales y los provenientes de un mayor endeudamiento externo. A pesar de ello, dichas entidades habían mantenido la calificación y el grado de inversión de Colombia.
Sin embargo, el pasado lunes la calificadora Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación crediticia de Colombia de una nota previa de BBB a BBB-. Con ello, el país queda a un escalón de perder su grado de inversión que recuperó no hace muchos años.
De todas formas, las otras dos calificadoras, Moody’s y Fitch Ratings, mantienen la calificación del país en BBB, lo que, por ahora, representa un parte positivo.
Sin embargo, la decisión de S&P no deja de ser inquietante, pues constituye un claro llamado de atención para las autoridades económicas y, de cara a los próximos años, para los candidatos presidenciales.
Paralelo a la rebaja de la nota, Standard & Poor’s anunció que subió la perspectiva de la economía colombiana de Negativa a Estable, lo que significa que la calificadora percibe mejoras en el panorama económico de largo plazo del país.
Entre las razones que llevaron a la calificadora a adoptar la decisión de rebajar la nota se tienen las repercusiones que la economía colombiana continúa enfrentando debido a los menores precios de las materias primas. Entre los efectos de esta situación están el alto nivel de la deuda externa y la pronunciada volatilidad en los términos de intercambio.
Adicionalmente, S&P señala que el bajo y débil crecimiento de la economía y la dependencia parcial que tiene el Gobierno de ingresos extraordinarios para compensar los menores recaudos resultantes de la reforma tributaria de 2016, ponen de presente la dificultad que existe para que el país reduzca el déficit a los niveles establecidos en la regla fiscal.
El problema del bajo recaudo y la necesidad de llevar a cabo una próxima reforma tributaria para solventar la reducción en la tasa de algunos impuestos y la desaparición de otros, así como el incremento en los gastos derivados del acuerdo de paz, fue advertido, desde meses atrás, por algunos centros de investigación, como Fedesarrollo y Anif.
Para estas entidades es claro que dicha reforma debe ir de la mano del fortalecimiento y la mayor eficacia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) pues, de no ser así, es muy probable que el recaudo de impuestos se reduzca a partir del año 2019.
De otra parte, algunos analistas han llamado la atención sobre la posibilidad que existe de actuar por la vía de la contracción y la mayor eficacia del gasto público como medio para asegurar la reducción en el déficit fiscal durante los próximos años.
Aunque esta constituye una medida necesaria, hay quienes consideran que esta opción es limitada, pues el tamaño del Estado en Colombia es relativamente pequeño frente a otras naciones del mundo y de Latinoamérica.
En todo caso, el país está atento a las recomendaciones que en estos días deberá entregarle al Gobierno la Comisión de Expertos del Gasto Público. Estas deberán servir de guía para la pronta adopción de medidas y acciones en esta materia.
La rebaja en la calificación debe servir de campanazo de alerta a los Gobiernos (actual y futuro) para que se garantice un manejo económico responsable que permita avanzar en la senda de un mayor progreso y bienestar.
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