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Más que una pelea de generales

Es muy delicada la situación interna en el alto mando de la Policía. El Inspector General pide no solo protección, sino refuerzo a sus capacidades de investigación, ante reiterados ataques internos.

28 de noviembre de 2020
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Infográfico
Más que una pelea de generales

La historia colombiana contemporánea, y en particular la que han vivido las generaciones más jóvenes, no ha dado períodos o épocas de tregua ni a las Fuerzas Militares ni a la Policía Nacional. Unas y otra enfrentan embates provenientes de todas partes, enemigos múltiples, poderosísimos, con recursos multimillonarios derivados de la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción. También tienen que resistir modalidades de guerra política e ideológica, que no desperdicia oportunidad de golpearlas e intentar su demolición desde las propias instituciones, sean las de representación partidista o desde sectores del activismo judicial. Y, paralelamente, tienen ante sí un enemigo poderoso en su propio seno: las divisiones internas, las guerras de poder, la corrupción, las facciones que forman bloques de unos contra otros.

Mientras los enemigos externos pueden cohesionar a las fuerzas, a su oficialidad y a los uniformados, unirlos en torno a la defensa de la legalidad, la civilidad y la seguridad ciudadana, las guerras intestinas horadan la solidez de las instituciones, rompen la confianza de los subordinados frente a sus superiores en la línea de mando, destrozan la posibilidad de actuar sólidamente para alcanzar propósitos comunes de interés superior, y generan conductas que rozan o entran de lleno en los linderos de los códigos penales (el ordinario y el militar/policial).

Las Fuerzas Militares, y en particular el Ejército, llevan años sufriendo este tipo de divisiones y guerras internas, que han costado la carrera a altos oficiales y han activado toda clase de escándalos. Y ahora revive en la Policía Nacional el conflicto entre el director de la institución, el general Óscar Atehortúa, y el Inspector General, William René Salamanca.

El enfrentamiento tiene graves consecuencias, pues el trasfondo deja ver varias de las peores manifestaciones de los vicios más dañinos que afectan a la Policía Nacional.

Por ahora, se trata de palabra contra palabra, aunque haya documentos que finalmente podrían determinar quién dice la verdad. Hay testimonios rendidos por el general Salamanca no en pasillos ni en rumores de tertulia sino en audiencias ante la Procuraduría General de la Nación, en las que el Inspector General de la Policía denuncia que él y su familia están corriendo grave riesgo de ser atacados en su integridad, y que la amenaza proviene de la propia institución a la que lleva sirviendo varias décadas. También denuncia presiones del director general en casos de investigaciones por corrupción, de conflicto de intereses y, en el fondo, un turbio asunto de uso de fondos y contratos irregulares en la construcción de unas viviendas policiales en el Tolima.

Será la justicia la que diga quién tiene razón. Se sabe que el general Salamanca fue obligado a salir a vacaciones y que la Presidencia de la República revocó esa orden para que siguiera con sus investigaciones como Inspector General. El Presidente Duque y el Ministro de Defensa no deben permanecer ajenos a este conflicto, así quieran esperar, naturalmente, la decisión de las autoridades competentes.

2020 ha sido particularmente difícil para la Policía. Su imagen ante la opinión pública ha sufrido serios quebrantos. La necesidad de reformas y la recuperación de liderazgos que generen confianza en la ciudadanía ha sido un asunto de permanente preocupación. La sensación interna y externa de crisis interminable no hará sino acabar de resquebrajar del todo una institución esencial para el Estado de Derecho.

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