La Gobernación de Antioquia ha denunciado que la administración departamental anterior, a cargo de Sergio Fajardo, incumplió los límites de gastos establecidos en la Ley 617 de 2000, lo cual traería graves consecuencias para el Departamento.
A principios de mes, la Contraloría General de la República certificó, en efecto, que los gastos de funcionamiento del Departamento de Antioquia durante la vigencia 2015 representaron el 50,9 por ciento de los ingresos corrientes de libre destinación. Esto implica que se excedió lo establecido en la ley, en donde se indica que el máximo permitido es del 50 por ciento.
Esta superación del tope traería una serie de efectos negativos, como la reclasificación de categoría del Departamento (de especial bajaría a primera). También se afectarían, entre otras cosas, el flujo de financiación de la Nación y los salarios de los empleados de la Gobernación. Adicionalmente, obliga al Departamento a adoptar un programa de saneamiento fiscal.
Dada a conocer esta situación, la actual Gobernación ha dado pie a un debate político que, por supuesto, debe darse. Hay una rendición de cuentas que los responsables de la gestión anterior deben encarar. Hasta el momento, han atribuido el incumplimiento de los topes de la ley 617 a “una trampa” urdida con distribuidores de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).
Pero aparte de la polémica entre grupos políticos rivales, hay que detenerse en la gestión que permita superar el problema creado. Y allí la ley permite que en circunstancias especiales se utilice la información financiera de lo corrido de 2016 para establecer que se mantiene la categoría de departamento especial. También hay que tener en cuenta que la situación que dio lugar a que se excediera el tope determinado por la ley parece haberse subsanado ya que, para lo corrido del presente año, se ha informado que la relación gastos-ingresos está por debajo del 50 por ciento.
Más aún, dada la alta dependencia que tienen las finanzas gubernamentales de las ventas de la FLA, la corrección de la caída de las ventas de licores (acontecida a finales de 2015) se produjo en los primeros meses de este año. Con ello se ha normalizado la situación financiera del ente departamental.
Esto pone de presente que en este caso no se ha configurado una situación como la que, con razón, prevé la ley: que el despilfarro de los recursos lleven a la quiebra financiera de un Departamento.
A propósito, es conveniente traer a colación los resultados de un estudio del Banco de la República sobre el impacto de la Ley 617 en las finanzas territoriales. Allí se señala que “se evidencia una evolución positiva del balance fiscal de los gobiernos territoriales”. Adicionalmente, se establece que “los resultados del análisis empírico indican un efecto significativo de la norma en la reducción de la proporción de los gastos operativos”. Esta norma en materia de límite de gastos ha demostrado, pues, su conveniencia, y su incumplimiento merece explicaciones más convincentes que las que se han ofrecido hasta ahora.
Los argumentos de los responsables del gobierno anterior deben dejar de amparase en ingenuidades de recién llegados a la política, que no lo son, mientras las medidas y correctivos de los funcionarios actuales deben adoptarse de inmediato, pues en sus manos está la posibilidad de remediar esta lamentable situación.
