A finales de la semana pasada se conoció que el Ministerio de Defensa dispuso el retiro de once oficiales de las Fuerzas Militares, y que un general del Ejército había pedido la baja del servicio activo. La razón para esas decisiones fue la inminente revelación periodística de la revista Semana de nuevos episodios de espionaje ilegal a más de 130 personas que, según informa el semanario, se desempeñaban como corresponsales extranjeros, periodistas nacionales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, funcionarios del alto Gobierno (de la propia Presidencia) y mandos militares.
Los seguimientos y monitoreos ilegales como objetivos de operaciones de inteligencia militar se hicieron entre febrero y diciembre de 2019, utilizando, entre otros, equipos y recursos entregados por agencias norteamericanas para misiones diferentes condicionadas al marco legal de la persecución a redes u organizaciones criminales.
Del sin número de interrogantes pendientes de respuesta, está también el de si esos retiros de la semana pasada se habrían producido si la publicación periodística no se hubiera realizado. O si el de las más que previsibles declaraciones del ministro de Defensa y los altos mandos militares seguirán ciñéndose a un libreto recitado mecánicamente y que es calcado de todos los casos anteriores en los que ha sido también la prensa la que ha puesto al descubierto estas graves irregularidades.
A raíz de los episodios revelados el pasado mes de enero por la misma revista Semana, y que daban cuenta de seguimientos y coacciones contra periodistas de ese medio de comunicación, decíamos en este espacio que “La respuesta que echa mano del lugar común de las ‘manzanas podridas’ está agotada hace tiempo (...). El indudable prestigio del Ejército no es un activo infinito contra el cual se pueda girar sin pausa porque la confianza tarda décadas en consolidarse pero puede ser destruida en cuestión de pocos años”.
Desafortunadamente las cosas no solo parecen no haber cambiado sino que los cuestionamientos también se extienden a asuntos de contratación e irregularidades administrativas. La cúpula militar hace declaraciones sobre “tolerancia cero” frente a quienes violen la ley pero los problemas persisten y se propagan. Hay de fondo un gravísimo problema de desacato interno no solo a los altos mandos, cuyas voces parece que algunos no atienden, sino que las órdenes presidenciales y ministeriales tampoco suscitan obedecimiento.
Hacer “perfilamiento” de periodistas, bajo la premisa de que tienen contactos con fuentes de grupos armados ilegales, o de que informan sobre hechos de orden público o de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, no es solo una violación a normas internacionales y nacionales sino que es una persecución a la libertad de prensa y al derecho ciudadano a la información veraz e imparcial. También una condenable forma de coacción y amenaza. El episodio revelado ahora –no parece que vaya a ser el último– puede tener además repercusión judicial internacional, y en concreto en Estados Unidos, por lo que afecta a ciudadanos de ese país.
Los controles internos en las Fuerzas Armadas –pues también la Policía sufre su propio camino de espinas– lucen extremadamente frágiles. Los externos, sean judiciales o disciplinarios, extremadamente lentos. Si quienes pueden y deben tomar decisiones de fondo, correctivas y sancionatorias, se sientan a esperar simplemente el paso del tiempo para que otros acontecimientos borren el escándalo y sea otro posterior el que obligue nuevos pronunciamientos de rutina, se encontrarán más temprano que tarde con una situación irreversible de ilegitimidad institucional y con la ausencia de credibilidad y confianza ciudadana.
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