Dos de los mayores responsables de la violencia en Colombia de los últimos treinta años –como miembros de organizaciones criminales más antiguas, con historial de décadas atrás –, directos ejecutores o determinadores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, con cientos de miles de víctimas a sus espaldas, han hecho manifestaciones y promesas públicas según las cuales, ahora sí, dirán la verdad sobre sus atrocidades contra el pueblo colombiano.
El primero, Salvatore Mancuso, exparamilitar, y el segundo, alias “Timoleón Jiménez” o “Timochenko”, exjefe de la guerrilla de las Farc, han corrido distinta suerte, y distinta ha sido la mirada y juicio que a sus trayectorias criminales se les ha dado, según la adscripción ideológica y política de quienes tienen poder e influencia necesarias para balancear la composición de los sistemas judiciales y no judiciales que los investigan.
Salvatore Mancuso se sometió a un tipo de justicia transicional, no elaborada por su organización ilegal sino por el Gobierno de entonces y el Congreso. Encarcelado, no respetó el sistema de justicia, siguió delinquiendo desde la cárcel y fue extraditado a Estados Unidos para que respondiera allá por delitos de narcotráfico. Sea que el sistema de cooperación judicial no haya funcionado como debía, o que Mancuso haya jugado con el suministro de verdad a la justicia colombiana como instrumento de canje, el hecho es que poco ha cumplido con las víctimas y con la justicia.
Ahora Mancuso es reclamado con vehemencia para que venga a testificar a Colombia, como efectivamente deberá hacerlo. Debe saber que se verá sometido a toda clase de presiones para que sus declaraciones se amolden a un libreto que pretende reescribir la historia, de modo que su verdad solo será aceptable en cuanto se ajuste a ciertas finalidades políticas. Pero si la justicia funciona como debe, habrá de someter sus testimonios a confrontación con otra serie de pruebas, de modo que el solo testimonio no sea “verdad oficial”.
“Timochenko”, por su parte, se mueve arropado por parte del “Establecimiento” al cual intentó exterminar cuando estaba en la guerrilla. Goza de un manto protector con el que políticos e intelectuales lo cubren en la medida en que quieren erigirlo como personalidad emblemática de un proceso de paz que, dice el eslogan, es “ejemplo mundial”. “Timochenko” no ha pisado cárcel alguna, y salvo unas aisladas peticiones de perdón a las víctimas, sigue comandando una organización –hoy política– que persiste en glorificar a sus excomandantes, en negar la gravedad de sus crímenes, en eludir toda clase de reparación material y moral a sus víctimas, y en desconocer los delitos cometidos que, como dice el Estatuto de Roma, “ofenden la conciencia de la Humanidad”.
Es notoria la diferencia de rasero entre las exigencias de verdad que esos sectores político-ideológicos les hacen a los exparamilitares, frente a las que les hacen a las guerrillas. Para los ciudadanos de Colombia unos y otros son responsables de haber torpedeado la civilidad en el país, acabado cientos de miles de vidas, dañado millones de proyectos vitales. El juicio moral fundamentado en una ética no obnubilada por la ideología imparte una condena inapelable para unos y para otros. Pero la realidad indica que unos obtienen dispensa bajo la teoría de que sus crímenes eran “para que otros vivieran mejor”, mientras las atrocidades de los otros sí merecen condena plena.
“Timochenko” compareció el pasado martes ante la Jurisdicción Especial de Paz y la información es que negó el reclutamiento forzado de menores de edad y los abusos sexuales a los que eran sometidos. Eludió responsabilidades y dijo que no sabía lo que hacían los frentes de su guerrilla. Es seguro que él y los demás exjefes que hoy gozan de las prerrogativas concedidas en los acuerdos de La Habana, den ya por sentado que haber dejado de ordenar asesinatos y secuestros es contraprestación suficiente para que nadie los perturbe exigiéndoles lo que se prometió a Colombia por parte de sus promotores: Verdad, justicia, reparación y no repetición.
