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Otra vez el país está metido en la misma historia: el Presupuesto General para 2026 volvió a poner sobre la mesa el problema del manejo del dinero público y la manera —tan poco convincente— con la que el Gobierno de Gustavo Petro pretende manejarlo.
A diferencia del año pasado, la Comisión Cuarta del Senado hundió la ponencia oficialista que proponía un gasto gigantesco: 557 billones de pesos. Una cifra desbordada, más del doble que en 2019 y casi el triple que en 2013. En su lugar, se aprobó una propuesta intermedia de 546,9 billones de pesos, liderada por la congresista Olga Lucía Velásquez.
El ajuste fue visto por muchos como un alivio, especialmente porque recorta la presión sobre la reforma tributaria, que ahora buscaría $16 billones en lugar de $26. Desde la Casa de Nariño ya se empieza a vender la idea de una versión “más amable” de la tributaria —sin IVA a la gasolina o sin aumento a la cerveza— que podría ser más digerible políticamente. Una reforma en teoría “menos mala” que le da un margen de maniobra al Gobierno para negociar con los partidos tradicionales que terminaron actuando como bisagra en esta votación.
Pero seamos francos: bajar solo $10 billones a un presupuesto desfinanciado es un simple contentillo, el gasto sigue creciendo sin control. Se trata de un recorte realmente poco significativo para el tamaño del total. No sobra recordar que Velásquez es esposa de Ovidio Claros, polémico personaje que gracias a Gustavo Petro es hoy presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Sin embargo, el verdadero desafío apenas comienza. El Congreso ya fijó el monto del gasto, sí, pero no resolvió cómo se va a financiar. Una reforma “retocada” al fin y al cabo sigue siendo una reforma.
Por más cosmética que le hagan, la reforma sigue siendo inconveniente. Porque el problema no está solo en las cifras, sino en la lógica con que se pretende llenar el hueco fiscal: subir impuestos sin controlar el gasto. Cómo si en un hogar se pretendiera resolver los problemas financieros no ahorrando o recortando gastos innecesarios, sino pidiendo plata a los familiares y amigos. Así de simple.
Y no se trata de un tema técnico, sino de sentido común. El Estado gasta cada vez más —en contratos, burocracia, subsidios mal focalizados— sin mostrar mejoras reales en la vida de la gente. Mientras tanto, el sector privado carga con una de las tasas impositivas más altas del mundo. ¿De verdad creemos que castigar más a las empresas traerá empleo o inversión?
El proyecto plantea subir aún más los tributos a sectores como el financiero y el minero-energético, con tarifas efectivas que podrían pasar del 50%. Eso es prácticamente decirles: “inviertan en cualquier otro país, menos aquí”.
Y el impuesto al patrimonio, que en la mayoría de países ha sido eliminado por su bajo recaudo y sus efectos distorsivos, aquí se quiere fortalecer: bajan el tope para poderle cobrar a más colombianos y suben las tarifas hasta el 5% para los patrimonios más altos, como si no se hubiera comprobado ya que, tras la reforma de 2022, miles de contribuyentes salieron del sistema. Resultado: más capitales saliendo, menos confianza, menos futuro.
Esta reforma no toca el corazón del problema. No amplía la base tributaria, no combate de frente la evasión, no corrige la informalidad, ni mejora la claridad normativa. Apenas una fracción de los hogares colombianos paga impuestos de verdad. Así, concentrar la carga en unos pocos sectores es una estrategia que, a largo plazo, no aguanta.
Lo triste es que, otra vez, se elige el camino fácil: cobrar más en lugar de gastar mejor. Y eso ocurre justo cuando el país está lleno de contratos de prestación de servicios —curiosamente, en época preelectoral—, y cuando Colombia se acerca a uno de los peores déficits fiscales de su historia, sin que exista una crisis que lo justifique.
El Congreso no puede dejarse enredar: el contenido de la reforma sigue siendo nocivo y debe evaluarse con rigor. Lo que Colombia necesita no es más impuestos, sino una reforma real: una que ordene el gasto, amplíe la base y premie la productividad.
De eso se trata. No de recaudar por recaudar, sino de gobernar con responsabilidad.