Pasa a sanción presidencial el proyecto que ha sido llamado “Ley del último empleo”, que estipula que pueden concederse beneficios fiscales a las empresas que vinculen laboralmente a hombres mayores de 50 años y mujeres mayores de 40. Estos estímulos favorecen a una población que no ha sido tenida en cuenta en diferentes medidas para favorecer la creación de empleo y que, sin embargo, es una franja de trabajadores con alto desempleo y, que, por su edad y las características de nuestro mercado laboral, tiene muchas dificultades para salir de este.
La focalización en los jóvenes y en su entrada en la vida laboral activa contribuye a ocultar la problemática de los trabajadores mayores. En efecto, el aumento de la tasa de desempleo juvenil (18,5 % enero-abril de 2019 contra 17,0 % en 2018). crea una gran preocupación y trae consigo investigación e iniciativas para conjurarlo. De hecho, el Dane dentro de su Gran Encuesta Integrada de Hogares dedica una investigación específica al mercado de los jóvenes.
Sin embargo, en forma paralela al desempleo de los jóvenes que concentra la mayoría de la atención, existe otra tendencia importante en la realidad laboral de los colombianos: la reducción en picada de la tasa de actividad de los mayores. Entendida esa tasa, como la proporción de los trabajadores activos (empleados o desempleados) mayores de cincuenta años (o cuarenta en las mujeres) en relación con la población en ese intervalo de población).
En otras palabras, para los colombianos mayores de esa edad es complejo permanecer en el mercado laboral, y después de estar desempleados por un tiempo, desisten de buscar empleo, porque encuentran que a su edad es muy difícil obtenerlo. Esa configuración del mercado laboral con una alta tasa de desempleo de los trabajadores jóvenes y de los mayores, es particular, en una situación que algunos expertos definen como una sociedad en la que solamente una generación trabaja a la vez, con un efecto negativo sobre la productividad.
Además, esa característica del mercado laboral tiene unas consecuencias muy importantes. En el sistema pensional aparece una primera secuela de esa situación. Al quedar sin empleo muchos de esos trabajadores mayores, que están cerca de su pensión, no alcanzan a completar los requisitos para obtenerla. De otro lado, el cese abrupto de su actividad laboral tiene consecuencias sociales dramáticas para personas que todavía tienen hijos en edad escolar y requieren un ingreso para sostenerse ellos y sus familias.
La sociedad también pierde en este escenario. Con una vida laboral que en la práctica es más corta para todos los empleados, los jóvenes deben sostener a más personas, prematuramente envejecidas. También se pierde la experiencia de los trabajadores más veteranos y se altera la posibilidad de una transición suave antes de su retiro, que garantiza una adecuada transmisión de los conocimientos acumulados por un trabajador curtido.
La Ley es un paso en la dirección correcta de crear estímulos para que las empresas demanden trabajadores mayores y así propiciar que se alargue la duración de la vida laboral promedio de los colombianos. Se pueden pensar en otras medidas, aplicadas ya en otras latitudes, como lograr un cese progresivo de las actividades estimulando para eso los tiempos parciales que preservan el empleo y la transmisión de conocimientos. En todo caso un gran avance que reduce los costos para enganchar a los más veteranos.
