Pico y Placa Medellín
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¿A quién le prestaría usted su plata sin dudar? ¿Al tío que recibe el sueldo puntual, lleva un presupuesto sencillo en una libreta, guarda algo para emergencias y avisa con tiempo y con todo el detalle cuando necesita un préstamo? Ese que no falta al trabajo, no vive de fiesta y, sobre todo, honra cada cuota cuando dijo que la pagaría.
¿O al tío dicharachero, con un discurso repleto de símbolos y poesía, que llega contando planes distintos cada semana, gasta de más el viernes y no sabe cuánto quedó debiendo el lunes? El que primero pide un millón, luego dice que mejor dos, y mientras tanto critica al negocio familiar que le da de comer, pero no muestra voluntad de ponerse en orden.
Piense que esa misma evaluación la hacen, todos los días, miles de inversionistas antes de comprar bonos y otros activos colombianos: esto es lo que llamamos el “riesgo país”. No es una medida arbitraria que un particular le impone a Colombia por capricho o maldad. Es, por el contrario, una medición de la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras, que viene de la libre interacción de cientos de miles de actores que, al analizar los riesgos por factores políticos, económicos y sociales que tiene invertir en un país como Colombia, definen cuál es la tasa de interés a la que están dispuestos a prestar dinero a ese país para que compense los riesgos que identifican. Así, un a mayor “riesgo país” mayor es la tasa que un inversionista demandará para que se justifique invertir en él.
Si un país actúa como el segundo tío —desordenado, cambiante y echando culpas—, el costo del préstamo sube. No por castigo, sino por puro cálculo de riesgo.
Y el Gobierno colombiano, lamentablemente, está dando muchos motivos para que lo vean como el segundo tipo de persona.
La regla fiscal es el equivalente a ese compromiso escrito que el “tío ordenado” firma para no vivir por encima de sus posibilidades. Al activar la cláusula de escape, el Gobierno admitió que tendrá un déficit de más del 7% del PIB este año —dos puntos más de lo que prometía hace apenas unos meses— y se dio permiso para seguir por la misma senda hasta 2027. Ese cambio repetido de meta en meta hace pensar a los prestamistas que Colombia, como el pariente derrochador, ya no sabe cuánto necesita ni cuándo piensa ajustar el cinturón.
Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, del Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por el Gobierno en los últimos días se concluye que la deuda pública crecerá 9,6 puntos del PIB —unos 173 billones de pesos— en apenas tres años, sin que medie una crisis externa que lo justifique, por lo que el ajuste ineludible del gasto se aplazará para el próximo gobierno, el cual heredará unas finanzas en estado crítico y la obligación de emprender un programa de recorte inmediato.
Los mercados perciben este riesgo, al igual que el deterioro de las finanzas públicas y de las perspectivas económicas de Colombia desde que Petro asumió la Presidencia en 2022. Una medida para estimar este riesgo país son los Credit Default Swaps (CDS), instrumentos financieros que funcionan como un seguro contra el incumplimiento de pago de un bono o deuda soberana. Bajo esta métrica, mientras que históricamente los CDS a 5 años de Colombia se habían comportado de forma similar al resto de la región —mostrando, por ejemplo, un menor riesgo que Brasil, país marcado en la última década por crisis fiscales y escándalos de corrupción, y un riesgo parecido al de México—, desde 2022 los CDS de Colombia se desacoplaron por completo.
Desde que Petro llegó a la Presidencia, y en particular desde que a finales de 2022 amenazó con controlar los “capitales golondrina”, cuando la tasa de cambio con el dólar rozó los 5.000 pesos, los CDS se dispararon, desacoplándose del resto de América Latina, y desde entonces se mantienen por encima de los países que solían moverse al unísono con Colombia. Ahora, según los CDS de mediados de junio, nuestro país es percibido como 40% más riesgoso que Brasil, 110% más que México, 300% más que Chile y 180% más que Perú. Los inversionistas que siguen al país ven con preocupación nuestra situación fiscal y política.
Si el país quiere corregir este rumbo, lo que hay que hacer es dar las señales adecuadas para que esos cientos de miles de actores que están en los mercados financieros y que se interesan en bonos colombianos vean que el país está en capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras tanto a corto como a largo plazo. Para lograr esto, es fundamental un plan serio, reducir el déficit fiscal, garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas internacionales, mostrar que el poder ejecutivo tiene la intención de respetar la Constitución y los mecanismos establecidos en ella y llevar al país hacia un crecimiento económico sostenido y vigoroso.
Lamentablemente, para lograrlo, ya el país tiene que esperar al menos hasta el 7 de agosto de 2026.