Según los resultados históricos de las encuestas Gallup Poll, la Corte Suprema de Justicia tenía en julio de 2008 una opinión favorable nacional del 67 por ciento de los consultados, mientras la desfavorable era del 18 por ciento. Ocho años después, los índices se han invertido dramáticamente: hoy la opinión favorable de la Corte Suprema es solo del 27 por ciento, mientras la desfavorable ha subido al 65 por ciento. En abril del año pasado, la imagen negativa estuvo muy cercana al 70 por ciento.
Teniendo en cuenta que la imagen negativa del sistema judicial es superior al 80 por ciento (Gallup Poll 114 de agosto de 2016), y que otras altas cortes como la Constitucional también cargan con alta imagen negativa, podría pensarse que se trata de un rechazo generalizado que no tiene en cuenta las condiciones específicas del cumplimiento de los deberes por parte de la Corte Suprema y sus magistrados.
No puede rechazarse de plano la actividad de la Corte Suprema porque las encuestas reflejen que no cuentan en una época determinada con la confianza de la ciudadanía. Pero la cuestión es que esos resultados son consecuencia de formas de actuar que se alejan de lo que debe ser la altura ética que se espera de sus miembros. Los magistrados no pueden seguir desconociendo este bajo nivel de credibilidad popular ni creer que pueden continuar con conductas que chocan con la probidad que se espera de todos ellos.
El Consejo de Estado acaba de considerar probado que algunos magistrados de esa corte actuaron en 2012 en contravía de la Constitución en el proceso de postulación de su candidato a la Procuraduría General de la Nación. Y también ha sentenciado que la misma Corte Suprema ha desconocido la legislación vigente en al menos otros tres casos de alta repercusión pública: incumplieron su propio reglamento y designaron a la entonces fiscal general de la Nación, Viviane Morales, sin la mayoría requerida; y eligieron como miembros del Consejo Superior de la Judicatura a dos de sus exmagistrados (Francisco Javier Ricaurte y Pedro Munar), incurriendo en el “yo te elijo tú me eliges”. Estas tres designaciones tuvieron que ser anuladas.
Pero los problemas no han sido solo de vulneración de normas jurídicas, de suyo muy grave, sino del propio sentido del decoro que debían ofrecer los magistrados. El nepotismo que les endilga el Consejo de Estado va de la mano de abusos de poder y falta de compromiso con la imagen institucional de la Corte Suprema, por cuyos despachos han pasado eminentes juristas.
La respuesta de la Corte Suprema a los cuestionamientos ha sido desestimarlos. O, en alarde de desafío público, escoger como su candidato a la Procuraduría al exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, objeto cada vez de mayores interrogantes.
La próxima semana se realizará en Barranquilla el XIX Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, organizado, entre otras entidades, por la Corte Suprema de Justicia. El tema central será “La dignidad del juez y su rol en el mundo contemporáneo”. Muy oportuno, cuando miles de jueces en el país ven vulnerada su dignidad en múltiples frentes -entre ellos sus condiciones de trabajo- pero a su vez sin tener referentes entre la alta magistratura, concentrada no tanto en pulir sabia jurisprudencia, sino en competir por puestos y gabelas. El país espera de su Corte Suprema algo muy distinto al registro semanal de malas noticias o escándalos que lesionan la majestad de ese pilar del Estado de Derecho.
