Es importante para Colombia no solo la presencia, sino las palabras del Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, jefe de la diplomacia de su país y, por tanto, actor de primera línea en todo lo que afecta o beneficia a nuestra nación la política exterior de la superpotencia.
La relevancia de la visita es tal que el Gobierno hizo venir especialmente desde La Habana, donde habían aterrizado apenas pocos días atrás, a los jefes negociadores Humberto De la Calle y Sergio Jaramillo para que, a puerta cerrada -lo cual es entendible- informaran al Secretario Kerry asuntos sobre las negociaciones de paz con las Farc que el gobierno norteamericano considerará de especial cuidado para su interés nacional.
Posterior a esa reunión, había expectativa por lo que dijera el Secretario de Estado y también, por razones de elemental perspicacia periodística, por lo que omitiera decir.
En las siempre sigilosas y cuidadas intervenciones de los diplomáticos tanto expresa lo que pronuncian como lo que callan. Máxime si estos silencios versan, como en este caso, sobre asuntos que el gobierno anfitrión clama porque se acepten, como el reconocimiento del narcotráfico como delito conexo al de rebelión.
Que es, al final, lo que el gobierno colombiano quiere, así se esfuerce en edulcorar la fórmula bajo el barniz semántico de “considerar los beneficios del tráfico de narcóticos como conexo a la rebelión, para efectos de elegibilidad política de sus responsables”.
Seguramente tanto los negociadores gubernamentales como el presidente Juan Manuel Santos presentaron su propuesta al Secretario Kerry, pero este prefirió, ya sea por elemental prudencia o por reservarse su negativa para otras reuniones posteriores, no hacer ninguna mención del tema en su comparecencia pública.
Sí dijo, en cambio, que “admiramos el compromiso del presidente de Colombia para lograr una paz con justicia”. Ojalá se hubiese explayado más en profundizar su opinión y la de su gobierno en este tema, pues presumimos que en las reuniones privadas previas le explicaron qué es lo que realmente el gobierno colombiano quiere, o está dispuesto a exigir, sobre los límites de la justicia y el respeto a los instrumentos jurídicos internacionales que excluyen la impunidad. Salvo ecuaciones conceptuales del todo confusas que el presidente Santos hace sobre la necesidad de justicia y el deber de la paz, los colombianos no sabemos cuánto habrá -o faltará- de justicia y cuánto ganaremos de verdadera paz.
Hay que destacar también la mención que tanto el presidente Santos como el Secretario norteamericano hicieron del Tratado de Libre Comercio, ponderando sus efectos benéficos para ambas economías y para el dinamismo empresarial. Es mucho lo que nuestros negociadores estarán dispuestos a ceder ante el discurso involucionista de las Farc en múltiples aspectos, pero el del libre comercio y la apertura de mercados parece que será más difícil de incluir en ese menú.
Pero lo más relevante fue la notificación clara de que también al gobierno de Estados Unidos le parece que 2015 es el límite no solo razonable sino admisible para alcanzar los acuerdos. El gobierno colombiano también lo dice, aunque con mayores cautelas que cuando en los inicios del proceso en Oslo y La Habana hablaba de “un proceso de meses, y no de años”, del cual no seríamos rehenes.
