La absolución de Judith Pinedo, la exalcaldesa de Cartagena, por parte de la Corte Suprema es un mensaje de esperanza para todo el país. Nos permite pensar que a pesar de que existan algunas manzanas podridas en la administración de justicia, o que a veces los poderes de los corruptos tratan de doblegar a los jueces, no quiere decir que al final no se haga justicia.
Si bien es un tema que para nuestra región parece estar lejano, por tratarse de personajes de otro departamento, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia, su Sala Penal, haya corregido una injusticia como la que se estaba cometiendo contra ‘María Mulata’ nos da un fresquito en ese lugar del cuerpo donde se aloja nuestro amor a la patria.
En este caso hay que reivindicar, y agradecer, la existencia de la Corte Suprema. Esta absolución se suma a otras cruciales decisiones que han tomado por estos días otras altas cortes y que nos han hecho darnos cuenta –una vez más– de la importancia de que exista el Estado de Derecho y la separación de poderes en Colombia.
Una de esas decisiones fue la del Consejo de Estado, que por fortuna tumbó el decreto por el cual el presidente Gustavo Petro quería tomarse las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Se recibió como una gran noticia para el sistema energético que se ha construido en los últimos 30 años para evitar apagones y una demostración de la utilidad de los contrapesos en la democracia.
Otra decisión fue la de la Corte Constitucional, que por primera vez en su historia decidió asumir una nueva facultad que consiste en suspender leyes que hayan sido aprobadas en casos en los que exista un riesgo inminente de que afecte la Constitución. Y lo hizo para hacer una suerte de control constitucional previo a las reformas que está adelantando el Gobierno, en particular la de la salud que podría poner en riesgo el derecho fundamental a la salud.
Tener unas cortes saludables nos da una garantía a todos los colombianos de que podemos contar con este antídoto contra aventuras populistas o politiqueras.
En el caso de Judith Pinedo todo fue extremo. Estuvo detenida dos años por un delito que no cometió. La acusaron por haber vendido durante su Alcaldía (2008-2011) un terreno de 240 metros cuadrados. Es más pequeño que una cancha de baloncesto profesional. Por supuesto que el tamaño no es lo que importa, pero vale para hacerse una idea del problema.
Un juez en primera instancia absolvió a Judith Pinedo (en 2020) porque encontró que todo se había hecho conforme a la ley: se había vendido un baldío y eso no está prohibido. La venta se hizo porque en su momento la Nación les dijo a todos los municipios del país que podían vender baldíos para conseguir recursos.
El problema vino en la segunda instancia. El Tribunal de Cartagena la condenó (abril de 2021) diciendo que, aunque el lote que vendió la alcaldía de Judith en papeles aparecía como baldío, a los tres magistrados que tomaron la decisión les pareció que en realidad era un pedazo de playa. Hasta ese momento todas las autoridades –como consta en papeles– habían dicho que era un baldío. Desde 1999, el alcalde del momento; en 2006 el Concejo de la ciudad; el Consejo de Estado dijo en 2008 que Cartagena podía declarar baldíos; y en 2016 la Procuraduría ratificó que era un baldío. Las pruebas estaban en el expediente que los magistrados del Tribunal de Cartagena parece no le interesó leer.
Aún hay más. Durante el proceso contra Pinedo, dos peritos expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi dieron su concepto técnico durante el juicio, en el sentido de que el lote vendido por la alcaldía de Pinedo (conocido como Polígono Las Velas) estaba ubicado en el área de la piscina y del salón comunal del Hotel Dann. Es decir, desde hace más de 45 años en ese pedazo de terreno en discusión está construido un hotel, antes el Hotel Las Velas, y ahora el Dann.
¿Entonces, por qué tres magistrados del Tribunal de Cartagena son los únicos que dicen lo contrario?, ¿por qué en su fallo no tuvieron en cuenta el peritazgo de los expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y por el contrario le dieron validez a una testigo que no es especialista en materia geográfica y que dio su testimonio con base en Google Maps?
¿Será cierto, como tituló el diario El Universal, que se trataba de una venganza de la clase politiquera contra Judith porque ella no les dio juego en su alcaldía? La hipótesis de que puede haber vínculos entre la clase política corrupta que se vio perjudicada por Judith Pinedo en su alcaldía y el Cartel de la Toga se tendría al menos que investigar.
¿Es cierto –como publicó en su momento un portal de noticias– que dos de los magistrados que condenaron a Pinedo fueron elegidos gracias a la influencia del entonces magistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, protagonista estelar del Cartel de la Toga?
El que movió la denuncia contra Pinedo fue William García Tirado, que fue fórmula en la Cámara de Javier Cáceres, senador condenado por parapolítica. El magistrado Gustavo Malo, como se denunció en su momento, tuvo engavetada la investigación contra Cáceres en la Corte Suprema por años. De pronto si alguna autoridad se anima a atar hilos, y a recoger pruebas, se podría destapar alguna olla podrida.
En su momento, el columnista Ramiro Bejarano dijo que la condena contra Judith Pinedo era una alerta para las personas honestas que se aventuran en el “lodazal” de la política. Ahora, este fallo de la Corte Suprema ojalá les devuelva la esperanza a muchos porque la política necesita a más personas decentes a cargo de ella”.
