Desde el mes de junio, que se anunció con gran despliegue público desde La Habana el fin del conflicto armado entre el Estado colombiano y las Farc, hasta hoy mismo, cuando los motores de toda la administración pública están a plena capacidad en “modo campaña” para el plebiscito por la paz, la exposición del presidente Juan Manuel Santos ha estado presente a un nivel de saturación.
El Jefe del Estado interviene con discursos públicos desde todos los escenarios posibles. Un tema monopoliza sus mensajes a los colombianos: la llegada de la paz. Así la presenta, así la promete.
Una promesa que por su mismo contenido tendría que encumbrarlo a niveles superiores de favorabilidad, pues ese empeño ha aplicado todos sus esfuerzos. Pero no logra calar en la opinión pública, que conserva frente a él y a su gobierno un juicio negativo.
Dice la encuesta Gallup Poll de agosto, de la que EL COLOMBIANO hace parte, que el 66 % de los encuestados desaprueba su gestión presidencial. Solo la valida el 29 %. Y en aspectos clave de cualquier administración, como la lucha contra la corrupción, el sistema de salud o la seguridad ciudadana, las cifras de reprobación son superiores al 80 %.
Sin embargo, el presidente Santos puede decir que no le ha hecho falta una popularidad alta para lograr buena parte de sus principales objetivos. Su apoyo inicial de 2010 ha caído en picado pero eso no ha sido impedimento para que haya controlado los resortes que aseguran la gobernabilidad en Colombia. El pueblo no lo sigue y probablemente no le cree, pero los factores reales de poder están todos a su disposición.
Pudo cerrar -y el próximo 26 de septiembre firmará- el acuerdo con las Farc, su principal meta; tiene a sus órdenes a casi todo el Congreso de la República, que le aprueba cualquier proyecto; tiene de su lado a las altas cortes y ha logrado que la Corte Constitucional haya adherido a su agenda de paz y marche a su compás; tiene el apoyo mayoritario del empresariado, por lo menos el expresado en público; gran parte de los líderes de opinión aplauden y promueven su política de paz; y a nivel internacional el apoyo recibido es unánime. Para nada de eso ha necesitado que los niveles de apoyo popular en su propio país superen siquiera el 50 por ciento.
La cuestión es que el próximo 2 de octubre sí va a necesitar un apoyo en las urnas que en lo personal las encuestas le niegan. Sin embargo, también aquí el Presidente puede tener suerte, ya que buena parte del electorado parece asumir que ese voto plebiscitario requiere una separación entre la postura ante el acuerdo alcanzado con las Farc, frente al juicio sobre la gestión global de estos seis años de mandato.
De hecho, esta misma encuesta Gallup indica que mientras hace un año el 77 % de los entrevistados consideraban que el problema de la guerrilla estaba empeorando, hoy cae al 43 %. El cese al fuego bilateral y definitivo y la suspensión de acciones terroristas por parte de las Farc tienen allí reflejo en la opinión pública.
Para el plebiscito, entonces, parece haber el grado de madurez democrática suficiente para separar lo uno de lo otro. Lo cual no quiere decir que el apoyo ciudadano pueda seguir desestimándose, pues la perspectiva de una reforma tributaria que castigue aún más a empresarios y empleados, y un panorama económico poco optimista, podrían dar origen a problemas sociales que el Presidente y su gobierno deberían precaver desde ya.
