A todos los gobiernos, desde el mandato de Belisario Betancur (1982-1986), los pueblos indígenas del Cauca les han hecho paros, de manera repetitiva, para obligar a los mandatarios a “negociar” sus demandas. El hecho dramático de estas movilizaciones se circunscribe en un contexto de enredos y promesas oficiales que jamás se cumplen por falta de presupuesto.
El gobierno Santos se dedicó a entregar cheques sin fondos para resolver sus problemas focales con indígenas, maestros, transportadores, jueces, cafeteros, estudiantes, arroceros y comunidades coqueras (...).
El petitorio de los indígenas no trae nada nuevo, reclama el cumplimiento del último pacto, tras la toma a la Panamericana, que suma $3,6 billones, que debe ejecutar el gobierno Duque, quien responde con una consignación en el Plan Nacional de Desarrollo, en un capítulo especial, de $10 billones para atender las demandas y necesidades de los 104 pueblos indígenas del país, hecho que no convenció a los caucanos, que reclaman recursos propios, y los alejó de la mesa de diálogos.
Los bloqueos han resultado altamente costosos en términos institucionales, económicos, sociales y de violación de derechos para los habitantes de cuatro departamentos, ciudades capitales y municipios del sur de Colombia, que terminan aislados y pagando las consecuencias del impacto de las mingas.
El movimiento actual, que hoy cumple una semana, no se afinca en el gobierno Duque, que ha expresado su voluntad de diálogo, por intermedio de varios de sus ministros y los cuatro gobernadores del sur, sino en una sociedad que históricamente ha resuelto con paños de agua tibia una problemática que exige la implementación de una política de Estado y que tiene como centro el problema de la tierra, la cual concentra en sus valles y otros niveles productivos grandes extensiones privadas de cultivos de caña, hatos ganaderos y predios de engorde.
Las comunidades indígenas, en un proceso de desplazamientos de décadas y siglos, terminaron relegadas a zonas de páramos, media montaña y otras áreas en las que, producto del abandono estatal, prosperan los cultivos de coca, amapola y marihuana, actividades que permiten que el conflicto armado allí conserve todas sus puntiagudas aristas y amenace con extenderse a otras regiones del sur del país.
Incluso la protesta indígena actual va más allá de reivindicaciones sociales e incluye puntos relacionados con el “fracking”, objeciones a la JEP, control a grupos paramilitares, la mortandad de peces en Hidroituango... Algunos en la agenda de sectores políticos opositores al gobierno, disidencias y otros actores armados, como lo afirmó ayer el ministro de Defensa.
Nada favorable traen para el país estas jornadas. La ola de protestas de 2013, que marcó un hito en la historia nacional al reunir sectores del agro, transporte, minería, justicia y educación fue nefasta. Sus costos económicos sumaron $1,8 billones (0,4% del PIB anual de entonces). El golpe institucional además fue incalculable.
Sin duda, la protesta es un derecho constitucional, siempre respetando las instituciones y derechos de los demás. Razón tiene el presidente Duque al responderles a los indígenas que no se sentará con ellos mientras persistan las vías de hecho y menos a prometer imposibles.
También la tienen los indígenas que reclaman no tanto la voz del Presidente, sino la autoridad suficiente para que aquello que se pacte no repita las amargas experiencias de incumplimientos pasados. El diálogo siempre será el mejor camino.
