Como era previsible, no tardaron en presentarse las consecuencias económicas negativas de las decisiones inconsultas del alcalde Daniel Quintero y de la Gerencia de EPM, que generaron la respuesta de la junta directiva de EPM en forma de renuncia inmediata de sus otros ocho miembros. Como la empresa es evaluada como emisor de deuda, las calificadoras de riesgo percibieron que “se daba una intervención mayor del propietario de EPM” que deterioraba los controles de gobierno corporativo de la compañía y que, además, la decisión de las demandas judiciales anunciadas aumentaba el riesgo de ejecución del proyecto de Hidroituango.
Para Fitch la situación ameritó la reducción de las calificaciones internacionales en moneda local y extranjera de EPM hasta BBB-. Por su parte, Moody’s advirtió que el aumento en el riesgo de más retrasos y sobrecostos para completar la presa haría difícil conseguir crédito, pero conservó la calificación (Baa3), con perspectiva negativa.
Los efectos de la reducción de la calificación y de las advertencias se sintieron inmediatamente sobre los precios de los bonos de EPM. Grandes inversionistas, como los fondos de pensiones, con tres billones de pesos de sus afiliados invertidos en bonos corporativos, sufrieron por la desvalorización. Al final, son las pensiones las que se van a resentir.
También son muy negativos los efectos sobre la empresa. En primer lugar, la reducción en la calificación hace que el costo del endeudamiento se incremente para EPM. Esta empresa, que se fondeaba cómodamente con endeudamiento, verá restringida esa posibilidad y comprometidas sus posibilidades de expansión. Las restricciones financieras van a ser más estrictas de ahora en adelante.
De otra parte, proyectos que se contrataron con una deuda más barata, pierden rentabilidad. El servicio de la deuda se va a incrementar. Si se posterga aún más la entrada de Hidroituango, se afectarán más los ingresos de EPM. Los dividendos para la Alcaldía serán menores y los programas sociales de la entidad pueden quedar desfinanciados en alguna medida.
Hasta ahora y a pesar de las dificultades de la construcción de la hidroeléctrica, las calificaciones a EPM habían reflejado sus fortalezas como proveedor de servicios públicos y un buen manejo financiero. La diversificación de su portafolio le permitió salir a vender participaciones y mantener su caja. A pesar de ello, hoy aparece el fantasma de una pérdida del grado de inversión si las cosas se siguen haciendo mal.
Los recursos públicos se deben proteger, pero hay que tener un manejo prudente y sereno para decidir la oportunidad de las controversias. La señal que se dio no fue la de la mejor gestión. Por cuenta de esa decisión la obra puede terminar paralizada y sin pagos de las aseguradoras, a la espera del resultado de las demandas.
De hecho, el escenario base de Fitch supone que los seguros se pagan según lo previsto. Un atraso mayor en la obra trae complicaciones adicionales para que EPM cumpla con sus obligaciones de generación, sin percibir esos ingresos y financiándose a costos aún más altos.
La única salida a esta situación es reconstruir el sistema de gobierno corporativo para afrontar la crisis. Es la vía para recobrar la confianza de los inversionistas y consolidar el futuro de la empresa. Debería ser ese el objetivo de la nueva junta directiva, que llega en medio de una situación especialmente complicada donde los riesgos se exacerban y rodean a la empresa por todos los flancos.
