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¿Por qué será que a tanta gente le fascina París? De pronto son los bulevares interminables, los edificios de piedra clara de seis pisos y balcones corridos que se repiten hacia donde uno mire, las aceras anchas donde caben las mesas de incontables cafés y la gente que las llena a toda hora.
Pues bien, casi nada de eso existía a mediados del siglo XIX.
Entre 1853 y 1870, el barón Haussmann, bajo el mandato de Napoleón III, rehízo la ciudad: tumbó buena parte del París medieval, trazó los bulevares, construyó el alcantarillado, abrió parques y fijó la altura y la alineación de los edificios. Críticos no le faltaron, pero el resultado está a la vista: París se convirtió en la capital del siglo XIX y, siglo y medio después, decenas de millones de visitantes al año vienen a caminar por las calles que Haussmann trazó. Y la mejor prueba de que aquel plan funcionó son los millones de parisinos que siguen viviendo en esos mismos edificios: un ordenamiento territorial que trascendió.
Conviene recordarlo esta semana en Medellín, donde la atención se ha ido casi que a una sola pregunta: si regular o no a Airbnb y las rentas cortas. La revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que cursa en el Concejo, la norma que define qué se puede construir y cuáles actividades caben en cada barrio, propone tratar la vivienda turística como un hospedaje y permitirla solo donde ya conviven comercio, oficinas y vivienda, y en ciertas áreas cercanas al metro. En los barrios puramente residenciales, no. Ahí se armó el debate. Para las plataformas, eso equivale a prohibirla en más del 70% de la ciudad. Para Planeación no hay prohibición nueva: nunca estuvo permitida en zonas residenciales y quien hoy opera legalmente conservará su uso.
Quienes piden regular dicen que un apartamento que rota huéspedes cada tres noches es un hotel, y que el ruido es hoy la principal queja en las inspecciones de policía, según Planeación. Quienes se oponen responden que las rentas cortas son cerca del 1% del parque habitacional y que en muchas ciudades los arriendos siguieron subiendo tras restringirlas. Es una discusión legítima, y este periódico ya dijo la semana pasada que la causa de fondo de la carestía parece ser otra: una década larga construyendo menos vivienda de la necesaria.
Pero el debate ha dejado ver un argumento problemático en contra de la propuesta.
Y es que buena parte de las críticas a la norma parten de una premisa demasiado simplista y engañosa: que cualquier regla de planeación urbana es una intromisión innecesaria y nociva por definición. Pasan por alto que la ciudad ya funciona con múltiples reglas e intromisiones: cuántos pisos van en cada zona, qué retiro se le deja a una quebrada, dónde puede ir un parque, dónde un centro comercial y dónde una discoteca. Y los resultados de no seguirlas se ven adondequiera que se asome la mirada: los cientos de miles de personas que en la ciudad habitan asentamientos informales y que por eso mismo quedan condenadas a un acceso más difícil a los bienes públicos, a la movilidad y, casi siempre, a la calidad de vida.
Porque la planeación urbana no es un invento de ayer ni un capricho local: casi todas las ciudades que hoy se admiran son resultado de ella. Nueva York trazó en 1811 la cuadrícula de todo Manhattan cuando solo estaba urbanizada la punta sur de la isla. Barcelona creció sobre el plan de Ildefons Cerdà de 1859, tan impopular que tuvo que imponerlo el gobierno de Madrid. Y Londres, después del “Gran Hedor” del Támesis en 1858, construyó en menos de veinte años el alcantarillado que todavía usa.
Nada de eso contradice una visión liberal de la sociedad, ni se debe caricaturizar como “socialismo” o con los demás adjetivos creativos que hemos visto estos días. El siglo XIX, el del auge de la planeación urbana, fue también el del liberalismo, y el derecho de un ciudadano a construir en su propio lote se daba por descontado. El Estado se ocupaba de lo que ningún propietario podía resolver por cuenta propia: las calles, los parques, el alcantarillado y, en general, los bienes públicos. Incluso Friedrich Hayek aceptó en The Constitution of Liberty (1960) que en la ciudad, donde lo que uno hace en su lote afecta al vecino, cierta planeación es compatible con una sociedad libre.
Medellín, además, sabe bien lo que la planeación puede hacer: desde el plano de “Medellín Futuro” de 1913, que ordenó el crecimiento de la ciudad, hasta la llegada del Metro y buena parte del urbanismo social de las últimas décadas, en las que la ciudad ha logrado trascender su historia de violencia de los años ochenta y noventa. La caída de la violencia desde los 381 homicidios por cada 100.000 habitantes de 1991 no se explica solo con policías y jueces: también con esas intervenciones, que transformaron la ciudad y que son buena parte de lo que hoy atrae a los turistas.
Se regulen o no las rentas cortas, la pregunta no debería ser si la planeación urbana es necesaria. Claro que lo es. Es un instrumento legítimo, y hay que seguir promoviéndolo. La discusión que vale la pena es cómo usarlo para pensar la mejor ciudad posible para todos, una que también permita construir más y vivir mejor.