Vamos a decir las cosas como son: la semana pasada, 78 miembros de la Policía Nacional fueron secuestrados en San Vicente del Caguán. Porque —y nuevamente vamos a decir las cosas como son— privar a alguien de su libertad por medio de la fuerza, en contra de su voluntad, y sin justificación legal alguna solo tiene un nombre, y ese nombre es secuestro.
¿Por qué consideramos necesario ser tan enfáticos? Porque la manipulación del lenguaje, mediante el uso de eufemismos y expresiones engañosas, es el primer paso para normalizar el crimen. Un crimen frente al cual el gobierno, por razón de sus premisas ideológicas y de sus compromisos políticos, no logra concretar una posición seria.
Por supuesto nos estamos refiriendo a la muy desafortunada declaración en la cual el ministro Alfonso Prada, comentando los sucesos de San Vicente del Caguán, se refirió al secuestro de los 78 miembros de la Policía como un “cerco humanitario”.
Este gobierno tiene un problema serio con hechos de esta naturaleza, en parte por sus premisas ideológicas, en parte por su origen político, y en parte por las concesiones que quiere hacer en el marco de políticas como la “paz total”. Este gobierno y sus funcionarios, como se dice popularmente, se vuelven un ocho al momento de caracterizar y entender actos delictivos ocurridos en el contexto de lo que son o aparentan ser protestas sociales.
Se les dificulta, por cuanto su compromiso con la protesta social va más allá de lo razonable. La protesta, que es un derecho fundamental, tiene como todos los derechos fundamentales un límite, y es el respeto a los derechos de los demás. Sin importar cuán legítimas sean las causas que se invoquen, nadie tiene derecho a usar la fuerza o la intimidación para privar de su libertad a nadie, y que los hechos ocurran en el marco de una protesta no es justificación.
Este gobierno viene precedido de una fuerte prédica contra la Policía enarbolada por buena parte de sus bases políticas, que han denigrado a esta institución señalándola de abusiva y violadora de los derechos humanos. Y además, por allá en el fondo de la ideología de parte de la izquierda hay mensajes que todavía seguramente resuenan en quienes hoy dirigen al país: en esos mensajes se ve a las autoridades como el brazo represivo de las clases opresoras. Si el gobierno de verdad quiere ser gobierno y quiere gobernar, tiene que dejar inmediatamente esos prejuicios, y empezar a ver en la Policía una institución y no un enemigo. Tiene que empezar a usarla en sus funciones constitucionales en vez de desconfiar de ella.
Volvamos al “cerco humanitario”: lo más preocupante de esta expresión, y de expresiones similares que se han usado en el pasado y en el presente, es que van conduciendo a la normalización del crimen, a que los atentados contra los derechos de los demás sean vistos como algo comprensible pues ocurre en el contexto de un país agitado y complejo. El lenguaje tiene ese poder: sus connotaciones y sus énfasis sugieren calificaciones morales diferentes y perspectivas distintas aún del mismo hecho. Basta considerar la diferencia entre “secuestro” que claramente designa y califica un crimen abominable, y “cerco humanitario”, que no solo sugiere normalidad sino incluso una buena intención.
Esta normalización por la vía del lenguaje es la base de la generalización del crimen, y de la justificación política del mismo. No en vano la guerrilla siempre insistió en decirles “retenciones” a los secuestros.
Por fortuna, el país reaccionó de manera inmediata y al unísono contra el exabrupto verbal del ministro Prada. Lo contrario habría significado abrir la puerta a que, cada vez que haya una acción que pueda calificarse, correcta o incorrectamente, como protesta social, en ella fueran secuestrados civiles, servidores públicos, o miembros de las fuerzas militares y de policía, y que esa acción fuera considerada como un hecho normal dentro de este tipo de contextos.
Terminaríamos agradeciendo al secuestrador por devolvernos aquello que nunca debió quitarnos, nuestra libertad. Terminaríamos dándoles la razón a quienes secuestran, todo porque su acción ocurre dentro de un cierto marco en el que el gobierno no encuentra el valor para condenarlo.
Hay que recordar que la Constitución es el manifiesto en el que todos los colombianos coincidimos. Está por encima del gobernante de turno. De manera que mal hace el mandatario o el ministro en justificar un hecho como el ocurrido. De acuerdo con la Constitución, se pusieron del lado equivocado del Estado de Derecho: de quienes incurrieron en delitos como el secuestro. Por más grande que sea su prejuicio contra organismos como la Policía, sus integrantes también tienen derechos que es obligación del Estado proteger, y cuya violación tiene que salir el gobierno a condenar.
