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Cuando pensábamos que a este gobierno no le cabía un escándalo más, cada nuevo día nos sorprende con otro aún peor. En la recta final del primer gobierno de izquierda, el que prometió un cambio en las costumbres políticas y tolerancia cero con la corrupción, se siguen destapando ollas podridas y denuncias sobre posibles saqueos de recursos en entidades públicas.
A menos de 10 días de que asuma Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia, el gobierno saliente de Gustavo Petro no para de firmar contratos de manera apresurada que comprometen billonarios recursos y que dejan amarradas las manos al nuevo gobierno, mientras se siembran grandes dudas sobre el posible desvío de dineros públicos. Las alertas están al máximo en los organismos de control. Bajo vigilancia están la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, la Fiduprevisora, La Aeronáutica Civil, Colpensiones, Invías, el Fondo Adaptación, el Fondo del Magisterio, la Agencia Nacional de Tierras, ANT y el Ministerio del Interior, entre otras entidades.
La Contraloría General de la República advirtió que una vez se levantaron las restricciones en materia de contratación por la Ley de Garantías Electorales, se produjo una avalancha de 14.414 contratos por 4,55 billones de pesos en tan solo un mes, de los cuales 11.000 contratos se hicieron de manera directa. A ello se suma la orden del presidente de trasladar a la UNGRD recursos adicionales por 4 billones de pesos y las denuncias de Angie Rodríguez de que le quieren meter mano a un billón de pesos del Fondo Adaptación, que ella dirige.
Pero la gota que rebosó la copa fueron las revelaciones de la revista Semana. En un artículo titulado “Graduada en corrupción”, la revista denunció las movidas y los negocios de las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, muy cercanas al presidente Petro y quienes se paseaban como Pedro por su casa en la Casa de Nariño, en los Ministerios del Interior y de Igualdad y en varias entidades públicas, dando órdenes en materia de contratación y nombramientos, sin tener cargo oficial.
Juliana Guerrero, una joven de 24 años, saltó a la fama por falsificar títulos profesionales que fueron otorgados por la Fundación San José. Este centro educativo expidió de manera exprés diplomas falsos para que el presidente Petro la nombrara viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, hecho que finalmente no se concretó. Semana denunció también una red de corrupción en la que estarían involucradas las hermanas Guerrero, que presuntamente cobraban 200 millones y el 10% de comisión por contrato adjudicado y por hacer la gestión ante el “jefe de jefes”, es decir, el presidente Petro.
Desde hace más de un año se venían denunciando las movidas de estas dos hermanas que se desplazaban en helicópteros de la Policía y contaban con el respaldo total del mandatario. Angie Rodríguez, quien fuera mano derecha de Petro y directora del Dapre, denunció en abril pasado el poder que había acumulado Juliana, habló de una extensa red de corrupción de la que hacen parte mujeres jóvenes y bonitas, y de un concierto para delinquir desde el gobierno, y denunció al exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, como uno de los involucrados.
Ante estos escándalos ¿cuál es la posición del presidente Petro? En una actitud que sorprendió a sus seguidores y a los miembros de su familia, el mandatario volvió a defender a las hermanas Guerrero diciendo que habían sido engañadas, y arremetió contra Angie Rodríguez a la que intentó sacar del cargo declarándola insubsistente, a pesar de que esta tiene incapacidad médica. Petro la acusó de ser una manipuladora y de tener problemas mentales.
Este es el triste epílogo de un gobierno que terminó como empezó: con múltiples escándalos de corrupción. Desde la campaña, cuando un asesor habló de correr la línea ética, sonaron las primeras alertas. Pero nunca los colombianos pensamos que se llegaría a estos extremos. Ha pasado de todo en estos cuatro años, desde la pérdida de maletas con plata en efectivo manejadas por Laura Sarabia, pasando por las amenazas de Armando Benedetti, quien dijo que si se sabía de dónde habían entrado 15.000 millones de pesos a la campaña todos terminarían en la cárcel.
Por citar solo algunos ejemplos de una lista interminable, debemos recordar que a Nicolás Petro, hijo del mandatario, la Fiscalía lo vinculó con apropiación de recursos que supuestamente iban para la campaña, aparte de las denuncias que se han hecho sobre plata en efectivo que iba a entregar Diego Marín, el zar del contrabando conocido como Papá Pitufo. También se han detectado carruseles de contratos en entidades como la Fiduprevisora, y actuaciones indebidas del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a quien la Fiscalía imputó por violación de topes electorales en su calidad de exgerente y tráfico de influencias. Y por último, uno de los temas más controvertidos por las implicaciones directas que tiene para el ciudadano común: la responsabilidad del gobierno Petro en el colapso financiero definitivo de las grandes EPS y de Air-e.
El gobierno termina en una feria de recursos, entregando contratos a dedo y vinculando a funcionarios en todas las entidades públicas y embajadas en el exterior. La pérdida de pudor es total. Ya ni se inmutan. El país tardará tiempo para conocer todo lo que pasó en el gobierno que prometió el cambio y que terminó untado de fango hasta el cuello. .