El presidente electo Gustavo Petro ha anunciado en las últimas semanas los nombres de las personas que ocuparán varios de sus ministerios y de las instituciones y organismos más importantes del Estado. Sin embargo, todavía no se conoce quién estará al frente del Departamento Nacional de Planeación (DNP), una de las entidades que ha pasado con bajo perfil en este gobierno.
El DNP nació en 1958, durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Es un departamento administrativo que asesora a la Presidencia en la planeación y visión estratégica del país en el corto, mediano y largo plazo, y que trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Hacienda. A esta entidad, de carácter técnico, se le ha considerado un súper ministerio por las importantes funciones que debe cumplir, entre ellas nada menos que la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta en materia económica y social durante los cuatro años de cada administración.
El tema es que, con el paso de los años, se le han agregado nuevas funciones, que están desdibujando la principal para la cual fue creada: planear y definir estrategias sobre los temas prioritarios del país. Ahora tiene, además, el seguimiento de miles de millones de recursos.
La entidad prioriza el destino de los recursos de inversión, los provenientes del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Regalías y distribuye las partidas del Sistema General de Participaciones (SGP). Tanto las regalías como el SGP son, no solo presupuestos billonarios, sino fundamentales para los departamentos y municipios del país. El DNP también es el encargado de participar en la evaluación de proyectos de inversión, en los que tenga participación el Gobierno Nacional, y apoyar a las entidades territoriales para darles prioridad a los proyectos con recursos de regalías.
En fin, son muchas y muy valiosas todas sus funciones, razón por la cual llama la atención el brillo que ha perdido en los últimos años, debido en gran parte a la falta de directores con mayor peso para dirigir esta entidad. Desde su creación hasta la fecha ha tenido 38 directores, varios de ellos tan recordados como Miguel Urrutia, Eduardo Wiesner, María Mercedes Cuéllar, Armando y Santiago Montenegro, Mauricio Cárdenas, José Antonio Ocampo y Cecilia López, entre otros, quienes llegaron a la entidad gracias a su gran trayectoria en el sector público. Como lo dijo en su momento José Antonio Ocampo cuando era codirector del emisor: “el DNP es el centro de pensamiento del gobierno en materia de desarrollo. Ello exige el máximo rigor técnico de su equipo”.
Pero en los últimos años esto ha cambiado. Durante la administración del presidente Juan Manuel Santos estuvo por ejemplo Simón Gaviria, que le dio un toque politizado al DNP, y con el presidente Duque llegaron al DNP tres directores, cuyos nombres no tenían tantos pergaminos. El 7 de agosto de 2018 se posesionó como directora Gloria Alonso, economista de la Universidad de los Andes, quien trabajó durante más de dos décadas en el Banco de la República. Pero solo estuvo un año y en su reemplazo se designó a Luis Alberto Rodríguez, economista de la Universidad Nacional, quien también estuvo muy corto tiempo. En agosto del año pasado el gobierno nombró para dicho cargo a Alejandra Botero Barco, nieta del expresidente Virgilio Barco, economista y politóloga.
De los tres nombramientos el que más llamó la atención fue el de Luis Alberto Rodríguez por su corta experiencia en el sector público y por su juventud. Oriundo del corregimiento Los Venados, de Valledupar, se posesionó con tan solo 32 años. Antes había sido asesor de Asobancaria y viceministro de Hacienda. Renunció a su cargo hace más de un año para no inhabilitarse porque aspiraba a ser contralor general de la República.
Pero sus aspiraciones se vieron frustradas porque terminó salpicado en un escándalo de corrupción con el manejo de los recursos del Ocad- Paz, que maneja alrededor de 7 billones de pesos para proyectos productivos que contribuyan a la implementación del Acuerdo para la Paz. Según denuncias de Blu Radio, funcionarios de Planeación Nacional, de la Contraloría, congresistas, mandatarios locales, entre otros, se habrían aliado para cobrar comisiones por la asignación de una parte de esos recursos.
Aunque las investigaciones no han arrojado resultados en torno a si efectivamente hubo irregularidades o no, desvíos de recursos y quienes son los posibles implicados, lo cierto es que este tema empaña la labor de una entidad que debe ser intachable en todas sus actuaciones.
Por eso el nuevo gobierno tiene la tarea de nombrar a alguien con suficiente conocimiento técnico, de darle todo el juego, protagonismo y fortalecer al DNP en momentos en que se prepara para elaborar el Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años, así como el plan de inversiones.
Es momento de que la entidad vuelva a brillar, de que se revisen sus excesivas funciones, de que ejerza la principal labor para la que fue creada, la de planear, la de pensar en el futuro del país, en sus temas estratégicos, en qué hacer para que Colombia crezca más y mejor, y que no se quede solamente administrando o aprobando la distribución de recursos de regalías que, como se vio recientemente, deja un manto de dudas
