La conformación de la verdad del conflicto armado en Colombia durante más de seis décadas, el proceso de su elaboración y compilación, los instrumentos, las personas que deben hacerlo, las instituciones que deben apersonarse del reto, el rol de la sociedad y el papel central de las víctimas para dejar constancia de sus testimonios, de su sufrimiento, es uno de los pilares centrales de la construcción del posconflicto y de la posibilidad de lograr un clima de convivencia.
Y no es menor el desafío de lograr que esa verdad corresponda a los hechos, a la narración fidedigna de lo que pasó, en vez de hacer de ella un libreto para exoneración de responsabilidades y lavado ideológico de culpas según quien construya la verdad tenga afinidad con alguno de los principales actores de ese conflicto armado. O, peor, hacer de esa verdad un documento de condena generalizada contra una sociedad que fue víctima de ataques de toda naturaleza, desde el ataque personal hasta el uso de terrorismo indiscriminado.
En pleno proceso de negociación por parte del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc, en La Habana, se constituyó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Seis comisionados fueron escogidos por las Farc, y seis por el Gobierno. Ambas partes designaron, además, un relator. Cada uno de ellos elaboró un informe con sus conclusiones sobre el origen del conflicto, sus consecuencias y responsabilidades. Hubo informes de corte académico y otros de abierta militancia, en particular los de los comisionados designados por las Farc.
También en virtud de los acuerdos de La Habana, se estableció una Comisión de la Verdad que ya comenzó actividades. Y paralelo a ello, funciona el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cuyo objetivo es reunir y recuperar todo el material documental y testimonial relativo a las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario durante el conflicto armado en Colombia.
Ahora hay una polémica por el nombramiento propuesto por el Gobierno Nacional, del politólogo Vicente Torrijos como nuevo director del CNMH. Las objeciones son dos: una posible información inexacta sobre sus estudios de doctorado, y la cercanía que, a juicio de sus opositores, tiene con las Fuerzas Armadas, de cuyo Comando Central ha sido asesor y contratista. Es decir, le objetan sus opiniones y sus posturas políticas.
El candidato a ocupar el cargo tiene que ofrecer claridad absoluta sobre sus títulos académicos. Si ha suministrado información inexacta, evidentemente no tendría credibilidad para asumir el cargo. En cambio, las otras objeciones son propias de una posición sectaria que considera que la verdad histórica es dominio exclusivo de un determinado sector ideológico y político. Según sus promotores, ubicados a la izquierda del espectro ideológico, solo ellos tienen la dignidad, la legitimidad y la “pureza” necesaria para ser depositarios, recopiladores y divulgadores de la verdad sobre el conflicto.
Llama la atención que varios de esos mismos sectores aplaudieron la escogencia de dos comisionados de la Comisión de la Verdad que públicamente han manifestado posiciones abiertamente afines a las de las Farc. ¿No había en esos casos el sesgo que ahora censuran? ¿Haber sido contratista de las Fuerzas Armadas inhabilita para hacer una gestión profesional e imparcial, pero haber elaborado hagiografías de comandantes guerrilleros es un plus humanista que enaltece para redactar el informe final de la verdad oficial sobre el conflicto?
El sectarismo del que están haciendo gala estas entidades es censurable. Como lo son las pretensiones de los voceros de los extremos ideológicos de apropiarse de la “verdad oficial” para usarla como arma arrojadiza, política y electoral, contra aquellos que consideran enemigos.
