La decisión que los habitantes del municipio de Cajamarca, Tolima, adoptaron recientemente sobre la prohibición de la minería en su territorio, se une a otros hechos que se han venido dando y los que ponen en entredicho el avance de algunos sectores económicos (como el minero, el de infraestructura, el energético, etc.) y los que, en muchos casos, generan beneficios más allá de los que perciben los habitantes de los territorios en que se realizan las intervenciones.
Es conocido que no solo en el país sino en otras naciones del mundo existe un fuerte rechazo, por parte de ciertos grupos de ciudadanos, a la actividad minera. Esto dificulta el diálogo y cierra la posibilidad de encontrar eventuales salidas como las que se han implementado en otros países ricos en recursos naturales no renovables y que, gracias a su adecuada explotación y manejo, hoy disfrutan de altos niveles de desarrollo.
No debe pasarse por alto que un sinnúmero de bienes que utilizamos a diario provienen o incorporan insumos generados por la actividad minera. En cosas tan básicas como son los artículos de higiene y salud personal y los alimentos así como en los más evidentes, la construcción y los medios de transporte, interviene la minería.
Lo anterior no implica negar que la extracción minera genera impactos en el medio ambiente. Sin duda ello es así, pero no es exclusivo de esta actividad. Otras intervenciones productivas, como es el caso de la agricultura, afectan el ambiente y, en algunos casos, de manera dañina e irreparable, como ocurre con la destrucción de la flora y la fauna o de las fuentes de agua.
El cuidado de los recursos naturales es un imperativo de la humanidad y más en un país como Colombia que tiene una amplia y variada riqueza en este campo. Igualmente importante es el aseguramiento de la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, un exagerado e irracional celo podría convertirse en un freno para el progreso y el desarrollo de la nación.
Lo anterior debería llevar a que el país les encuentre una pronta salida a las problemáticas que se han generado recientemente con los grandes proyectos de desarrollo y los que implican intervenir el ambiente en los territorios.
En esta búsqueda de soluciones no podemos pensar, como pareciera deducirse del tipo de discusiones y argumentaciones que se vienen dando, que estamos enfrentando una situación particular y única en el mundo.
La realidad es que esta es una problemática que se presenta y se ha dado, de tiempo atrás, en otras latitudes y naciones.
Ello constituye una gran ventaja, pues ya hay un camino recorrido y se conocen experiencias (documentadas) de las que se puede aprender no solo qué hacer (y no hacer) y tal vez lo más importante, de cómo actuar y qué tipo de instrumentos de política utilizar. En estos asuntos hay un amplio cuerpo de conocimiento disponible que puede incorporarse, reconociendo las diferencias y las particularidades, al caso colombiano.
Por tanto, el Gobierno debería poner en marcha, prontamente, una estrategia integral que considere el reordenamiento de las políticas, las instituciones y los instrumentos en campos como el ambiental, el minero, el de infraestructura y el energético que, al tiempo que asegure el avance de estos sectores, garantice la sostenibilidad ambiental. En otras palabras, la tarea consiste en hacer realidad el desarrollo sostenible de la nación.
