Hoy se celebra uno de los más arraigados ritos de la democracia colombiana, la instalación de las sesiones del Congreso por parte del presidente de la República, inicio de una nueva legislatura ordinaria en la que varias cosas importantes habrán de cambiar, comenzando por las restricciones para que los miembros del parlamento puedan reunirse físicamente tanto en plenaria como en comisiones constitucionales.
La instalación será atípica, en cuanto se hará sin la presencia de los congresistas, cuya asistencia y ejercicio del voto para elegir dignatarios de Senado y Cámara de Representantes habrá de hacerse por mecanismos virtuales. Está de por medio la dividida decisión de la Corte Constitucional –de la que solo hay un comunicado, no una sentencia con fuerza jurídica vinculante– para que sea el propio Congreso el que defina la procedencia y formas de las sesiones virtuales.
Siendo esto importante, por lo que significa para la operancia del poder legislativo y sus potestades de creación normativa y, sobre todo, de control político, lo que los colombianos debemos valorar es que hoy se surte una manifestación de normalidad institucional, de equilibrio de poderes públicos por el ejercicio de las atribuciones que a cada rama corresponden, y del principio constitucional de colaboración armónica entre ellas.
Pero esa parte formal, siendo simbólicamente tan significativa, no basta para predicar la plena vigencia del Estado de Derecho, por cuanto se requiere una segunda parte tan esencial, como es la del cabal cumplimiento de los fines que la Carta Política les traza a estas ramas del poder público. Cumplimiento material de sus funciones, que pasan por elegir los dignatarios que satisfagan la altura ética requerida para los cargos de representación, y acrediten ejecutorias en beneficio de la nación. Preocupa y desconcierta que hoy pueda, de nuevo, primar la politiquería en la conformación de las mesas directivas y que los parlamentarios desestimen y minimicen la demanda ciudadana de elegir a líderes honorables.
Para el presidente de la República, Iván Duque, además de la tradición de rendir cuentas sobre las ejecutorias de la mitad de su mandato, es la oportunidad para informarles al Congreso y a los ciudadanos la hoja de ruta para la recta final de su administración. Que señale con claridad la idea rectora de su mandato, esa que va a constituir su legado y que marque la recordación que de su Presidencia van a tener las generaciones de hoy y las que vienen.
El inminente riesgo de colapso económico (industrial, empresarial, productivo, laboral) por la parálisis derivada del control de la pandemia del coronavirus quebró forzosamente todos los proyectos gubernamentales y obligó la revisión de arriba abajo de las prioridades. Para bien o para mal marcará el rumbo de los dos años restantes del Gobierno Duque. Obligará a que en el Congreso busque apoyo a políticas de rescate y relanzamiento de decenas de sectores que quedarán golpeados duramente y en serios riesgos de supervivencia.
El Congreso, en este semestre, deberá, entre otras, elegir Defensor del Pueblo (la Cámara de Representantes) y procurador General (el Senado). También allí habrá pujas políticas de los partidos que ven esas posiciones no como instancias de servicio público sino como directorios al servicio particular del clientelismo. Cuánta responsabilidad les cabe a ambas Cámaras, a las altas cortes y al Ejecutivo, que participan en la elaboración de las ternas, para enviar un mensaje al país de compromiso institucional y apuesta por la lucha contra la impunidad y la corrupción.
