Un año y un mes estuvo al frente del Grupo EPM el abogado Álvaro Guillermo Rendón López. Uno de los periodos más efímeros de los últimos años, atravesado además por polémicas y enormes dificultades en el cargo. Hace apenas diez días, quien lo nombró allí, el alcalde de Medellín Daniel Quintero, desmentía con rotundidad que Rendón fuera a renunciar, y alabó su gestión: “Lo de EPM no es verdad. El gerente viene haciendo una magnífica labor y la seguirá haciendo. Esos son rumores que se crean para provocar desestabilización”.
El mismo Rendón, en carta del pasado domingo, dejó en evidencia el engaño del alcalde, que le había pedido la renuncia por varias vías. De paso, queda de nuevo al descubierto el doble discurso -transparencia en eslóganes y trinos, opacidad en los actos- y las presiones a las que está sometiendo a EPM para que opere como una secretaría del Despacho del alcalde.
Lo que “provoca desestabilización”, entonces, no son solo los rumores. Es, ante todo, el desastroso manejo que el alcalde Quintero está haciendo de EPM al interpretar que el único código de buen gobierno aceptable es el que deriva de su soberana voluntad, que con el paso de los días lo convence de ser omnipotente.
Hay que precisar y recordar, sí, que desde este mismo espacio habíamos solicitado el año pasado al gerente Rendón López que se retirara de su cargo, cuando EPM quedó sin junta directiva por su renuncia en pleno, precisamente porque el entonces gerente se limitó a hacer de ejecutor de órdenes del alcalde sin hacer valer los códigos de buen gobierno y los acuerdos de relacionamiento entre EPM y la Alcaldía.
Dicho esto, la actual situación en la que el gerente sale de forma abrupta por solicitud del alcalde, así este tenga la prerrogativa de hacerlo, genera unas repercusiones que causarán aún más daños a EPM, por el golpe a la confianza que inversionistas y calificadoras irán perdiendo en ella.
La junta directiva reunida ayer de forma extraordinaria emitió un comunicado en el que afirma que “en cumplimiento del marco de gobierno corporativo (...) y luego de realizar una evaluación objetiva, de manera unánime ha recomendado un cambio en la Gerencia General de la empresa a partir de la fecha”.
Por el interés público que hay mediante, es de esperar que ese “análisis objetivo” sea compartido con la opinión pública y se especifique si la decisión unánime se limitó a atender la solicitud del saliente gerente, o si decidieron removerlo por otras razones. ¿Cuáles fueron?
Debemos saber si la junta directiva actúa bajo los principios que predicó en su primer comunicado inicial (“Nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir los principios y prácticas de Gobierno Corporativo en el marco de la Constitución y la ley”), o si son meros ejecutores de lo que les manda quien ahí los puso.
EPM va en camino, lamentablemente, de ser un apéndice del Despacho del alcalde, manejada al vaivén de agendas que la ciudadanía desconoce. La evidente irritación que muestra el alcalde ante la activación de veedurías ciudadanas y la hostilidad con la que descalifica el legítimo ejercicio de control ciudadano y político, son buena muestra de que cuando trina que “Nunca temas en alzar la voz contra la corrupción, la mentira y la codicia. La alternativa, el silencio, es el alimento que los sostiene”, son solo palabras al viento.
Ante la arrogancia que nubla el buen juicio del gobernante, hay que persistir, e insistir, en los mecanismos de control disponibles: veedurías, las bancadas no cooptadas en el Concejo Municipal, las entidades reguladoras estatales y los entes de control.
EPM no es un juguete de los gobernantes antioqueños. Tampoco puede ser fortín de titiriteros extraños. Es un conglomerado público de interés estratégico nacional cuyo fracaso compromete seriamente el desarrollo social y económico de la población colombiana y de la prestación de servicios públicos esenciales
