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Si bien las cifras recientes muestran una economía con signos de recuperación, preocupa que buena parte de este impulso esté siendo sostenido por un crecimiento desbordado del gasto público, como si el país pudiera comprar prosperidad a crédito sin consecuencias.
A pocas semanas de concluir este convulsionado 2025, el DANE reveló que la economía colombiana creció un 3,6 % en el tercer trimestre y acumuló un avance del 2,8 % entre enero y septiembre. Es un dato que supera las previsiones y que, sin duda, ofrece una dosis de optimismo. Sin embargo, no es momento de celebraciones anticipadas. Aún falta por conocer el desempeño del último trimestre y, sobre todo, por enfrentar un 2026 marcado por las elecciones, la incertidumbre fiscal, el deterioro del orden público y las tensiones en el sistema de salud.
Proyectar un crecimiento cercano al 3 % para el cierre de 2025 puede sonar alentador si lo comparamos con el exiguo 0,6 % de 2023 o el 1,6 % de 2024. Pero no debemos consolarnos con migajas de crecimiento. Colombia necesita avanzar con pasos más firmes, a ritmos sostenidos del 4 o 5 % anual, si quiere reducir la desigualdad, generar empleo digno y garantizar bienestar. En economía, como en la vida, el estancamiento disfrazado de avance termina siendo una forma sutil de retroceso.
Al analizar los datos más de cerca, salta a la vista que el mayor dinamismo lo tuvo el sector de la administración pública, con un crecimiento del 8 %. Esto incluye el gasto en defensa, seguridad social, educación y otros servicios sociales. La reactivación, entonces, no parece venir del aparato productivo privado, sino del Estado que ha acelerado su marcha, abriendo con generosidad las compuertas del gasto.
Este crecimiento en el gasto público se explica, en parte, por el pago de primas a las Fuerzas Armadas, los recursos destinados al proceso electoral de 2026 y una oleada de contrataciones estatales que ha generado alertas. La Contraloría General advirtió un aumento atípico en los contratos: mientras en el primer trimestre se firmaron convenios por 6,7 billones de pesos, en el tercero ya iban en 9,3 billones, un incremento de casi 40 %. Las cifras no engañan: el gasto se desborda.
Lo más preocupante es que, justo antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías Electorales, el Gobierno comprometió en una sola semana más de 9 billones de pesos, de los cuales 6,1 billones se registraron en un solo día: el 7 de noviembre. El Departamento de Prosperidad Social lideró el volumen de contratos con 770.000 millones. En paralelo, la Contraloría ha iniciado inspecciones sobre eventos, actividades logísticas y otros gastos que tienden a multiplicarse en épocas preelectorales.
Así las cosas, en medio de una crisis fiscal, el Gobierno parece comportarse con una temeridad peligrosa: gasta sin límites, como si los recursos fueran infinitos y las consecuencias, ajenas. Valga como ejemplo el escándalo por los casi 8.000 millones de pesos pagados al empresario Ricardo Leyva por un concierto, o la cuestionada compra de aviones militares por 16,5 billones, que aún hoy levanta dudas y críticas desde múltiples frentes.
Y mientras se celebra esta feria del gasto, el Ejecutivo presiona al Congreso para que apruebe una nueva reforma tributaria. Sin embargo, la iniciativa tambalea: diez senadores ya han radicado una ponencia de archivo. La paradoja es evidente: se pide más dinero a los ciudadanos mientras el Estado administra con ligereza.
Entre los sectores que mostraron un comportamiento positivo destacan el comercio (5,6 %), las actividades artísticas y recreativas (5,7 %), la industria manufacturera (4,1 %) y las actividades financieras y de seguros (4,3 %). Estos datos reflejan una recuperación aún frágil pero con potencial, especialmente en un país donde la vida cultural y el espíritu emprendedor buscan reponerse tras los golpes de la pandemia.
En contraste, siguen en declive sectores estratégicos como minas y canteras (-5,7 %) y la construcción (-1,5 %). El caso del gas natural es revelador: cayó un 15,9 % debido a decisiones que han priorizado importaciones más costosas, generando incertidumbre en el sector. En construcción, la parálisis de grandes proyectos habla por sí sola. Se impone una reflexión: el desarrollo no puede esperar a que se termine un gobierno para recobrar impulso.
El crecimiento económico es, sin duda, una buena noticia. Pero cuando este se apoya en el gasto público desbordado y no en la productividad, el riesgo es enorme. La historia económica enseña que los espejismos de prosperidad suelen convertirse en crisis cuando no hay prudencia ni planificación. No se puede hacer fiesta con dinero prestado, porque tarde o temprano, alguien tendrá que pagar la cuenta.
La economía no puede seguir caminando al ritmo del calendario electoral ni depender de la chequera del Estado. La verdadera prosperidad se construye con esfuerzo colectivo, no con contratos de último minuto.