La divulgación por parte del diario The New York Times del contenido de documentos internos de las Fuerzas Militares, y en concreto de la Comandancia del Ejército, en materia operativa y de medición de resultados, ha generado consecuencias que van más allá de la discusión sobre la forma en que se filtró la información.
La cúpula política y militar de la fuerza pública (el Presidente de la República, el ministro de Defensa, el comandante General de las Fuerzas Armadas y el comandante del Ejército Nacional) desmintieron desde el primer momento que haya alguna forma, por remota que sea, de reedición de aquellos incentivos por bajas en combate que en su momento generaron los conocidos como “falsos positivos”, crímenes estos que constituyen, sin discusión alguna, uno de los puntos más oscuros y vergonzosos de la historia contemporánea del país.
Las directrices que se dieron a conocer fueron revocadas por el mismo Ejército la semana pasada. Oportuna decisión, no porque signifiquen parálisis en la acción de las Fuerzas Militares, que debe ser continua mientras persistan las amenazas y ataques al orden público, sino en cuanto abren un período necesario de clarificación en las instrucciones que la cúpula debe dar a las tropas y a sus comandantes para proceder con apego a la legalidad.
Una segunda medida fue anunciada por el Presidente Duque el pasado viernes: la conformación de una Comisión para la Excelencia Militar, conformada por tres comisionados, juristas de reconocidas credenciales y trayectoria.
Alfonso Gómez Méndez, Mauricio González Cuervo y Hernando Yepes Arcila, con carácter independiente y rindiendo cuentas directamente al Presidente de la República, deberán cumplir tres misiones: un análisis de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales de la Fuerza Pública; evaluar cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario; y presentar recomendaciones para que las directrices y las operaciones se ajusten a lo que el Jefe del Estado denominó “criterios de excelencia militar”.
El plazo de los comisionados para un primer informe preliminar es de 30 días. Seguramente harán examen a las directrices que generaron polémica y que, ciertamente, contenían términos que generaban dificultades de interpretación.
Ha sido una queja recurrente de los oficiales de las Fuerzas Armadas que a ellos se les exige desde los escritorios unos parámetros que quienes no dominan la estrategia y las tácticas militares no están en capacidad de comprender. Esta comisión, no obstante, no fijará nueva doctrina militar ni establecerá el plan estratégico de orden público -que ya está definida para este Gobierno- sino que su objetivo es el de la depuración de las exigencias jurídicas que deben atender los manuales y directrices. Esa es una labor necesaria e inaplazable.
En el anterior Gobierno se instaló y puso en funcionamiento una comisión para establecer reformas a la Policía Nacional. Cumplieron su labor los delegados, pero sus informes y conclusiones pasaron desapercibidas para quienes debían ponerlas en práctica. Es de esperar que la suerte de los informes y estudios de esta de ahora no corran la misma suerte, y más bien, que sirvan de guía ineludible para quienes tienen la misión de proteger el orden público en un país que sigue día a día con graves desafíos de múltiples actores violentos.
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