Como la memoria a veces es corta, el tiempo pasa, y las generaciones cambian, recordemos que hace veinticinco años el gobierno colombiano, probablemente obrando con la buena fe de quien busca la paz, le hizo una oferta estrambótica a las Farc para negociar: desmilitarizar un área de 42.000 kilómetros cuadrados, cinco municipios en los departamentos de Meta y Caquetá, área esta que vino a conocerse como la zona de despeje del Caguán.
Y ese bello nombre, que no debería evocar nada diferente a los hermosos paisajes del piedemonte llanero y selvático, con sus cascadas, sus atardeceres y sus planicies, terminó convertido en sinónimo del cinismo y la impunidad.
En efecto, el Caguán se volvió una zona donde la guerrilla de las Farc tenía carta blanca para hacer lo que quisiera y cometer todo tipo de delitos. La zona que iba a ser escenario de paz fue usada para llevar víctimas de los secuestros masivos, para multiplicar los cultivos y los laboratorios de coca, para reclutar forzosamente a los jóvenes campesinos, para negociar embarques de droga, extorsionar, amenazar, planear atentados, en fin.
Esta realidad que quisiéramos no haber vivido nos viene hoy a la memoria por cuenta del confuso estado en que se halla el país. Un cese al fuego que supuestamente era bilateral y comprometía al gobierno y a cinco organizaciones armadas, y del que nunca se conocieron reglas, protocolos, responsables ni verificadores, terminó rechazado muy sonoramente por una de las organizaciones. En lo relativo a las otras cuatro, todo parece indicar que están disfrutando de las gabelas que les da esa situación, ya que ellas, al no ser organizaciones políticas, concentran su agenda en negocios ilegales de todo tipo, desde el narcotráfico hasta la extorsión.
Y al oír los reportes que nos llegan de todo el país, y que coinciden en la parálisis de la acción de las autoridades, junto con la cada vez más evidente presencia pública de las organizaciones ilegales, nos preguntamos si están convirtiendo a Colombia en una gran zona del Caguán.
Aquí mismo informamos el pasado jueves como en una escuela rural en Yarumal las disidencias de las Farc se pasean tranquilamente y juegan con los niños. Ciudadanos denuncian que en las veredas de Ituango los miembros del Clan del Golfo andan por ahí a cielo abierto sin que nadie haga nada. Y cómo olvidar los videos que muestran a las disidencias de las Farc paseándose tranquilamente por municipios del Cauca como Balboa. Esto sin que haya ninguna evidencia de que estas organizaciones hayan cesado sus actos delincuenciales: al fin y al cabo nadie les está exigiendo que lo hagan.
Se acumulan, por otra parte, evidencias de que el gobierno bajó la guardia en la lucha contra el narcotráfico. Las cifras de incautación de cargamentos y destrucción de laboratorios en lo corrido del año llegan a mínimos históricos, casi ya risibles.
Por supuesto que el gobierno tiene todo el derecho de formular una política de paz e intentar ponerla en marcha. Ella no puede, sin embargo, hacerse a costo de un desconocimiento deliberado de la ley, y de una desprotección total de la ciudadanía. Y como el cese al fuego carece de reglas que permitan saber, por ejemplo, qué tipo de actividades están cobijadas por él y cuáles no, el efecto termina siendo una parálisis total de la acción militar y policial. Nada en las reglas del cese al fuego especifica que el clan del golfo o “los pachenca”, por ejemplo, no puedan extorsionar a comerciantes y transportistas.
No hay que ser un genio para saber que el efecto de esto, en último término, será un rápido fortalecimiento de las organizaciones armadas. Sin operativos contra ellas, sin incautaciones, sin destrucción de laboratorios ni erradicación de cultivos, Colombia se va a volver un paraíso para el narcotráfico y la extorsión, y los carteles tendrán meses para llenarse los bolsillos sin que nadie los moleste.
A buena hora, por lo menos, el fiscal general Francisco Barbosa se plantó firme con el tema de las órdenes de captura de narcos y extraditables, que este gobierno pensaba suspender sin ninguna contraprestación. La postura del Fiscal terminó propiciando un diálogo on el Presidente, y fuimos afortunados de que ambos pudieran conversar sus diferencias y evitamos un choque de trenes catastrófico.
A esto le falta un episodio que puede aclarar o empeorar las cosas, y es la idea de establecer zonas de concentración para las organizaciones involucradas en la “paz total”. Si se trata de una sola zona por organización, con reglas claras, veeduría, protección de los civiles, y vigilancia perimetral del Ejército y la Policía, podría ser mejor que el desorden que hoy reina. Pero si lo que vamos a terminar haciendo es creando decenas de zonas a lo largo del país, allí donde estos grupos tengan presencia, estaremos empujando al país hacia el precipicio de la fragmentación, y dejando a miles de colombianos a merced de quien porte una pistola o un fusil. .
