Luego de casi tres semanas de manifestaciones de protesta, en el marco del llamado paro nacional, los colombianos han visto no solo las movilizaciones reivindicativas, con especial presencia de jóvenes, sino también los desmanes y el vandalismo de otro sector, no único ni uniforme, pero sí coordinado y organizado por poderes en la sombra.
Las manifestaciones y el paro siguen, y de la mayor o menor capacidad de convocatoria y movilización depende la capacidad de interlocución y de capacidad de presión para alcanzar logros políticos. Por ello sorprende que, a estas alturas, haya quienes persistan en legitimar los bloqueos a las vías y carreteras nacionales y regionales como un componente plausible de la manifestación pacífica.
De hecho, llama la atención que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al enterarse de la orden presidencial para movilizar “la máxima capacidad operacional” de la fuerza pública para levantar tales bloqueos, haya respondido que “el Gobierno exagera los hechos de vandalismo” y que “Duque declara la guerra al paro, cuando ordena desplegar el máximo de las fuerzas militares y de policía sobre los sitios de concentración pacífica que hay en el país en el marco del #ParoNacional”.
Es evidente, como ocurre también con el pronunciamiento de tantos otros líderes que están haciendo de la actual situación una plataforma electoral, que el juego de manipular las declaraciones gubernamentales o torcer los hechos para ajustarlos a los propios intereses, es una de las más deplorables enseñanzas de las últimas semanas. El presidente Duque jamás ordenó atacar las “concentraciones pacíficas”, sino los bloqueos ilegales en las carreteras, los mismos que afectan los derechos fundamentales de millones de personas, trabajadores de todos los niveles y sectores.
Datos de los últimos cuatro días en la prensa, señalan, por ejemplo:
Según los datos del Gobierno, los bloqueos a las carreteras y la obstaculización de actividades y los daños materiales generados por el componente violento de las manifestaciones han generado pérdidas de $10,2 billones. El 39,5 % de estos daños se concentran en tres sectores: comercio, agro y transporte de carga. Cerca del 63 % de las empresas de comercio exterior y logística ha cesado actividades. Además, cerca de 57 % de empresas del sector registran caídas de hasta 80 % en sus importaciones, tras los primeros 15 días de manifestaciones, según reporta el gremio Analdex. El gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, uno de los pocos sectores que estaba dando buenas noticias, dijo ayer que “con los bloqueos, solo ha salido 11 % del total del café que se debería haber exportado”, y que para recuperarse del daño a los cafeteros les podría tomar entre tres y cuatro meses. Y diversos analistas señalaron que “con los bloqueos podrían subir precios y afectar la recuperación económica, por el desabastecimiento que afecta algunas zonas del país”.
Tan claro llegó a ser en un momento de la historia reciente que los bloqueos de vías no hacen parte de la protesta pacífica, que en el Congreso de la República se aprobó adicionar el Código Penal con un artículo que penaliza la “Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”, en cuanto a que con obstaculizar las vías o la infraestructura de transporte, se vulneren “la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”. Esta penalización fue incorporada al Código Penal mediante la Ley 1453 de 2011, es decir, en pleno inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, al cual la narrativa de los afines al paro nacional identifica como una administración no represiva y pacifista.
La Corte Constitucional estudió una demanda contra esa norma penal, y la declaró conforme a la Constitución (sentencia C–742 de 2012), y en ella aclaró: “sólo la protesta social pacífica goza de protección constitucional. Las manifestaciones violentas no están protegidas ni siquiera prima facie por la Constitución. (...) Recurrir a medios ilícitos, que conllevan violencia, sustrae en principio los comportamientos resultantes, del ámbito de protección del derecho a la manifestación”.
El solo sentido común de cada uno de los millones de personas que han sido afectadas por los bloqueos ilegales sabe, sin remitirse a leyes ni a jurisprudencia, que con ellos se violentan los derechos individuales y sociales de la abrumadora mayoría de habitantes de este país que, al unísono, quiere progreso, tranquilidad y paz social
